La justicia federal imputó a un funcionario de la actual gestión de Gobierno, en el marco de la causa que investiga la estafa de las tarjetas Alimentar. Se trata de Javier Tumas, actual secretario de Desarrollo Social. La medida judicial también alcanza a la ex directora del área Nora Ponce, quien estaba a cargo de la custodia y entrega de los plásticos.

El juzgado de Dolores determinó que existen pruebas suficientes para ampliar el alcance de los involucrados por la maniobra fraudulenta. En este caso, ambos funcionarios (Ponce fue apartada de la función pública el pasado 4 de junio) fueron notificados durante los últimos días del mes de agosto para prestar declaración indagatoria ante el juez subrogante Martín Brava.

Según informó el portal Pinamardiario, se los acusa de “haber formado parte de una asociación de personas (…) que se dedicó a cometer delitos en cuyo marco cometió fraudes en perjuicio de la administración pública”. También se acusa a los imputados de “no haber arbitrado las medidas correspondientes para la guarda de las tarjetas”.

A días de la celebración de las elecciones Primarias, desde el municipio no se expresaron públicamente ni anunciaron medidas al respecto. En su momento, el intendente Martín Yeza había declarado que no tomaría decisiones al respecto hasta que la justicia determine las responsabilidades de cada implicado.

La maniobra y los implicados

En el allanamiento del jueves 18 de marzo, la Policía Federal detuvo a seis personas -dos de ellas empleadas municipales- y, desde entonces continúan a disposición de la justicia. Se los investiga por “defraudación en perjuicio de la administración pública”, ya que habrían desviado a sus cuentas personales una suma total de $2.092.000 de tarjetas Alimentar que no fueron entregadas.

En un principio, estuvieron involucrados Andrea Ríos y Cecilia Pecarrere (empleadas municipales que tenían vínculo con las tarjetas), José “Pepe” Fons (pareja de Ríos), Fabián Rosas, Diego Borea y Nicolás Ambao. Sin embargo, Pecarrere fue liberada en los primeros días de abril, tras prestar declaración ante la Unidad Funcional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.

En la causa se especifica que las tarjetas eran sustraídas de la dirección de Desarrollo Social por Ríos (Nora Ponce, ex directora del área encargada del resguardo, afirmó que Ríos tenía la llave de la oficina). Las mismas eran entregadas a Fons, quien a su vez se las confió a Ambao y Rosas, ya que mantenían vínculos personales y comerciales.

Tanto Ambao como Rosas era los encargados de simular las compras por las terminales posnets, debido a que las tarjetas no podían usarse para compras telefónicas o por internet. Rosas habría realizado más de 40 operaciones por un valor de $592.000 por medio de Naranja Pos.

Por su lado, Ambao también realizaba maniobras por medio de otra persona: Diego Borea. Ambos habrían efectuado operaciones comerciales por un valor de $1.500.000 por medio de la empresa Visa.

Al momento, se informó que fueron vaciadas al menos 55 tarjetas -que no fueron entregadas a sus destinatarios- entre el 1 al 9 de noviembre. La justicia continúa con la investigación de la causa que afectó a decenas de familias de bajos recursos de Pinamar.