Legalización del aborto en la Argentina

Giselle Acosta — 2018-03-23T15:56:49Z

La importancia de abrir el debate sobre una realidad que ya existe. Medio millón de abortos clandestinos por año son la causa principal de muerte materna en Argentina.

En nuestro país se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año.

En los hospitales públicos de todo el país se registran aproximadamente 50.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. El porcentaje de mortalidad materna se encuentra por encima de la media de los países vecinos y las complicaciones causadas por abortos ocupan un importante porcentaje dentro del número. En cambio, cabe destacar que en Uruguay, desde que se sancionó la ley que legaliza la acción de abortar, se logró reducir la cifra a 0%. En la legislación argentina el aborto es un delito, excepto cuando está contemplado en las causales de no punibilidad. En la práctica es casi imposible acceder a este derecho. Si bien existe un “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”, lo cierto es que a cinco años de la exhortación efectuada por la Corte, sólo nueve de las 24 jurisdicciones poseen protocolos de atención de los abortos no punibles. Otras ocho dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan, en vez de facilitar, el acceso de mujeres a servicios de aborto seguro y nueve jurisdicciones no han dictado protocolo alguno. Es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921 (cifras y estadísticas aportadas por la Dra. Marcela Durrie). La aparición del misoprostol permite acceder a un aborto medicamentoso casi sin riesgo; su uso bajo supervisión médica arroja una tasa de éxito del 80%. Su costo, por encima de los $2000 pesos, se ve duplicado por quienes, a falta de receta, lo comercializan sin control en Internet. La brecha se agranda cada vez más entre las mujeres que disponen de dinero y las que no; estas últimas recurren a métodos tradicionales clandestinos sin opción. La Agencia Federal Norteamericana de Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) aseguró que, pese a que está prohibido el aborto, en la Argentina se venden 8.000 pastillas abortivas al año (según indica la información aportada por la doctora Durrie). Podemos continuar exhibiendo cifras que estremecen, cifras que demuestran que, de una vez por todas, tenemos que afrontar el debate postergado hace más de 30 años. Diferentes voces se unen ante el pedido de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, cuyo eco permitió que se presente ante el Congreso una vez más el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Planteamos tener la posibilidad de elegir sobre la planificación de nuestra familia, tener la soberanía sobre nuestro cuerpo, recordar que se pide un aborto legal no obligatorio. Muchas de las mujeres que ponemos el tema en el tapete somos madres y otras tantas ni siquiera recomendarían abortar. Consideramos que este tema merece ser discutido con respeto; somos un país laico, sabemos que existen posiciones diversas respecto de los alcances. La ciencia y la Justicia juegan un papel esencial en la fundamentación y en la futura definición. Por ello entendemos que es sano separar entre “querer o no querer abortar” (una decisión personal atravesada por la educación, la moral, la cultura, la religión que debería ser más que respetada) y “poder o no poder abortar”. Definir políticas públicas que benefician a un país requiere poder abstraerse de las elecciones personales, para dar lugar al debate científico y, por sobre todo, jurídico. Al igual que otros temas controversiales, como lo fueron el divorcio, la salud reproductiva, los trasplantes de órganos, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, etc., hoy se pone a prueba nuestra capacidad de debatir en democracia y de asimilar los cambios que indefectiblemente resultan de transitar el camino hacia la madurez como sociedad

Giselle Acosta

Paridad ¿sí o no?

Giselle Acosta — 2017-09-08T14:35:07Z

El armado de listas partidarias para las elecciones venideras está en la mira. La Ley de Paridad es un avance que no debe ser cuestionado.

La primera vez que se utilizaron cupos partidarios en el mundo fue en nuestro país, a principios de los años cincuenta, cuando el Partido Peronista estableció una cuota de mujeres para las elecciones de diputados y senadores nacionales. Cuyo éxito en los comicios permitió un increíble nivel de representación femenina en las cámaras legislativas, el 15% entre 1952 y 1954 y el 22% en 1955 aproximadamente, que derivó en la sanción de leyes innovadoras para la época, como la de divorcio, patria potestad compartida, entre otras, contando la Argentina con el porcentaje de representación parlamentaria femenina más alto del mundo occidental. Aunque lamentablemente estas leyes fueran derogadas por el golpe militar en el año 1955.

En 1991, la Argentina fue el primer país en el mundo en reformar su legislación electoral pautando una cuota mínima obligatoria de candidaturas femeninas para todos los partidos, conocida como la “Ley de Cupo Femenino”, que estableció un mínimo del 30% presente en las listas y ubicadas en puestos “con posibilidades de resultar electas”.

Gracias al impulso del tercio de mujeres que fueron convencionales constituyentes en 1994, nuestro país logró ser el único en incluir esta representación femenina en la Constitución Nacional. Además, estas mujeres promovieron la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada por las Naciones Unidas.

Innumerables repercusiones internacionales se manifestaron a partir del impulso de nuestras dirigentes. La Ley de Cupo es una acción de discriminación positiva, de las que buscan compensar una discriminación histórica a un grupo social determinado, en este caso las mujeres; una medida temporal para revertir la situación de injusticia y desigualdad. Ninguna otra medida política ha estimulado un debate tan intenso sobre la igualdad de género en la política y en los procesos de toma de decisiones, desde que las mujeres obtuvieran el derecho al voto en los años treinta, cuarenta y cincuenta.

Pero lamentablemente, en nuestro país, los partidos políticos convirtieron el piso mínimo que la ley exige para la inclusión de mujeres en un techo máximo. Razón por la cual se reabre el debate, camino a la aprobación de leyes de paridad; vale decir, con la incorporación de mujeres y de hombres en un 50% de manera alternada y secuencial en las listas partidarias. A diferencia de la Ley de Cupo, la paridad es una medida definitiva, que redefine la concepción del poder político como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres.

No se trata únicamente de cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar, de manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre mujeres y hombres.

La necesidad de su implementación se basa en que la limitada participación de las mujeres en los niveles decisorios obstaculiza el desarrollo humano, al no incorporarse las demandas e intereses de las mujeres en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la sociedad.

No solo tenemos menos representación política que los varones, sino que además tenemos menor remuneración a igual tarea y somos las más pobres de entre los pobres. Una legislación que equipare la representación de las mujeres en los ámbitos de decisión política era el paso indispensable para caminar hacia una sociedad paritaria de igualdad real, en la vida cotidiana y no solo en la política.

En el 2016 varias provincias de nuestro país iniciaron el camino a la paridad. Buenos Aires en octubre, casi por unanimidad, aprobó la ley volviendo a dejar huella en la historia política Argentina.

Este año todas las listas presentadas en las PASO cumplían con la Ley de Paridad, no habiendo necesidad de impugnación alguna. Por lo que resulta inadmisible que la Junta Electoral Bonaerense haya emitido la Resolución N° 114, donde hace un quiebre en la ley poniéndose a disposición de los partidos políticos (la lógica dice que los partidos tienen que adaptarse a la ley) permitiendo modificar la secuencialidad y la alternancia en pos de la fusión de las listas. Alegando la voluntad popular y culpando a la gobernadora por no reglamentar la ley correctamente (falacia que será probada legalmente, puesto que la ley es clara y contundente). Esta resolución marca un retroceso inesperado y la vulneración de nuestros derechos.

Falta mucho camino por recorrer para lograr la igualdad. El machismo sigue operando a favor de la desigualdad desde las instituciones. Desde el espacio del Frente Renovador, impulsor de la ley, esperamos la marcha atrás de la medida por parte de la Junta Electoral Provincial y apelaremos a los mecanismos necesarios para que así sea, ya que hasta la fecha contamos con el acompañamiento de casi todos los partidos políticos, que se sumaron a la impugnación de la resolución, o bien se manifestaron en repudio de la misma.

El Pionero

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