Denuncia penal y acusaciones de corrupción salpican a funcionario del gobierno de Pinamar
El ex funcionario del área de Turismo y abogado Lucas Ventoso presentó una denuncia penal contra el actual secretario de Gobierno, Francisco Montes, por presuntos delitos vinculados a la administración de fondos públicos y al uso indebido de un espacio municipal. La causa, radicada en una fiscalía especializada en delitos contra la administración pública, incluye posibles figuras como negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes, y ya cuenta con testigos, documentación y peritajes en curso.
Uno de los ejes de la denuncia apunta a un faltante millonario en la Secretaría de Hacienda durante la gestión de Montes. Según Ventoso, la diferencia entre el monto inicialmente denunciado y el resultado de pericias posteriores dejaría inconsistencias que requieren explicación. No obstante, el punto más grave, según planteó, es la presunta utilización de un predio municipal con fines privados. Afirmó que el funcionario habría percibido ingresos en cuentas personales por la explotación de un espacio cedido al Club San Vicente, lo que —según sostuvo— constituye una incompatibilidad directa con su función pública.
El denunciante aseguró que existen registros de transferencias, pagos de usuarios y documentación que ya forman parte del expediente judicial. Además, reclamó la intervención del Concejo Deliberante para evaluar responsabilidades políticas, al considerar que “la política debe actuar de inmediato” más allá de los tiempos de la Justicia.
En paralelo, Ventoso vinculó estos hechos con un “patrón de funcionamiento” dentro de la gestión municipal, que incluiría decisiones en obra pública, planificación urbana y vínculos con el sector privado.
Cuestionamientos a Pinamar 2050 y la obra pública
En ese marco, el ex funcionario cuestionó el plan “Pinamar 2050”, al que calificó como metodológicamente irregular y adelantó que podría ser judicializado. Según señaló, el proyecto habilitaría cambios en el uso del suelo y aumentos de densidad sin contar con la infraestructura necesaria ni los procesos participativos adecuados.
También puso en duda la transparencia en obras como la planta depuradora, al recordar denuncias previas sobre modificaciones en los pliegos de licitación que habrían favorecido a determinados oferentes. Para Ventoso, estos antecedentes reflejan una lógica de gestión orientada a acelerar proyectos de gran escala, priorizando intereses económicos por sobre criterios técnicos.
Finalmente, sostuvo que la gravedad de los hechos denunciados exige respuestas tanto en el ámbito judicial como político, en un contexto donde —según afirmó— deben garantizarse mayores niveles de transparencia institucional.
