La Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de la diputada Lucía Iañez, aprobó la regularización de la ejecución de aquellas condenas o medidas cautelares impuestas a jóvenes punibles por delitos cuya comisión o presunción de comisión haya ocurrido antes de alcanzar la mayoría de edad. El objetivo es regular la ejecución de aquellas condenas a jóvenes ocurridos antes de alcanzar la mayoría de edad. También tiene por finalidad que los jóvenes realicen un proceso de comprensión y de responsabilidad de sus actos que les permita participar en su propio progreso personal con el objetivo de lograr su integración socio comunitaria. Todas las penas y las medidas aplicadas deberán tener el carácter de Socio-Educativas.

Asimismo, al cumplir los 21 años de edad, las personas jóvenes condenadas, podrán ser trasladadas a una unidad penitenciaria de adultos para finalizar con el cumplimiento de la condena, aunque se continuará aplicando la presente ley. No obstante, podrán exceptuarse de ser trasladadas aquellas personas que sean pasibles de adquirir alguno de los tipos de libertades establecidas en las leyes de ejecución, en un lapso de tiempo inferior a tres años, o aquellas personas cuyas condenas sean inferiores a 5 años y al cumplir 21 años hayan cumplido al menos un tercio de la condena.

Para analizar el proyecto, participaron María José Lescano, jueza de Garantías de La Plata; David Perelmuter, juez del Tribunal Oral Nacional de Niñez; Federico Adler, secretario de Juzgado de Garantías del joven; Alicia Blasco, asesora de la Subsecretaria de Responsabilidad Juvenil del Organismo de Niñez y Norberto Liwski, especialista en niñez.

María José Lescano explico que “esta iniciativa es de gran importancia porque viene a contribuir en el control, asistencia y tratamiento de las personas jóvenes que se encuentran privadas de libertad por la comisión de algún delito antes de alcanzada la mayoría de edad”.

David Perelmuter aseguró: “Necesitamos una nueva ley de Ejecución Penal Juvenil y este proyecto incorpora, entre otras cosas, el diseño de las medidas sociales y educativas con el objeto de mejorar la calidad de vida del menor para reinsértalo en la sociedad”.

Por su parte Federico Adler destacó “la importancia de mejorar la ejecución de las penas y otorgar más garantías a los jóvenes que se encuentran privados de libertad por algún delito antes de alcanzada la mayoría de edad”.

Finalmente, Alicia Blasco concluyó que “esta iniciativa permite corregir situaciones y mejorar las medidas dispuestas en cada circunstancia”.

Asimismo, se aprobó otro expediente de Iañez que solicita regularizar el funcionamiento de los Hogares de Niñas, Niños y Adolescentes, de gestión pública o privada, en los cuales se brindan servicios de alojamiento transitorio de 0 a 18 años, que se encuentren momentáneamente desvinculados de su grupo familiar o de pertenencia como consecuencia de una medida excepcional dictada por autoridad competente.

El fin es garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida digna cuando se encuentren institucionalizados, reglamentar las condiciones de funcionamiento de los hogares, en cuanto a las condiciones de habitabilidad y seguridad para los mismos, con recursos humanos como materiales, con el objetivo de que los mismos sean lugares respetuosos para el alojamiento y cuidado temporario de los niños hasta tanto se restituyan sus derechos, a través de la vinculación familiar, la adopción o una propuesta de vida autónoma.

Por último, se avanzó en el expediente de la legisladora Susana González que solicita establecer que el sector público en sus tres poderes, municipios, empresas subsidiadas y concesionarias de servicio públicos deban ocupar un porcentaje de su personal a aquellos que hayan egresado de hogares e instituciones de menores.