En una experiencia piloto que incluye a Pinamar junto a otros once distritos, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) será brindado por el Estado municipal. El gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial las condiciones que los municipios deberán cumplir para llevar adelante el servicio de manera correcta. Este convenio entre la Provincia y la Municipalidad será formalizado luego del acta-acuerdo que suscriban el Ejecutivo local con el Ministerio de Desarrollo Social.

Este nuevo vínculo establece que el Servicio Alimentario Escolar “busca garantizar una prestación alimentaria adecuada a todos los niños y jóvenes escolarizados, con necesidades nutricionales y/o en situación de riesgo social en la Provincia de Buenos Aires”.

La cartera, a cargo de Santiago López Medrano, será la encargada de aportar los fondos para la prestación del SAE conforme a las partidas alimentarias; gastos de combustible envasado (para el uso de las cocinas y calefones); el equipo y mantenimiento (heladeras, cocinas, vajilla y elementos indispensables para la adecuada prestación del servicio); administración y transporte.

En tanto, el Municipio “aportará y será responsable de proveer los recursos humanos para la implementación del SAE, así como también la infraestructura, servicios y mantenimiento de las dependencias que se encuentren bajo su órbita y en las que se presten los servicios, sin perjuicio de las funciones ejercidas por la Dirección General de Cultura y Educación”, reza la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Con relación a los controles a ejercer por cada parte, el ministerio prevé realizar auditorías contables y cada municipio se compromete a presentar un informe contable trimestral donde se compruebe la efectiva ejecución de los fondos. Textualmente el acuerdo especifica: “La falta de presentación de este informe o la verificación de que se han falseado datos, podrá significar una disminución del monto liquidado y/o la rescisión del acuerdo, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que correspondan”.

Las obligaciones del Municipio incluyen mantener las prestaciones durante los recesos escolares. Por consiguiente, los fondos ya no serán administrados por los consejos escolares, sino por los intendentes.

La medida incluye 504 escuelas, a las que asisten 320 mil alumnos, una cantidad que representa el 20% de los beneficiarios del programa.

MIRADA LOCAL
Como ya es habitual, las normas son concebidas con buenas intenciones y no sería la primera vez que en la práctica fracasen. En este caso, y por tratarse de un plato de comida para quienes lo precisan, el tema ha puesto a los gremios en un estado de particular atención.

Al respecto, la secretaria general de Suteba Pinamar, Iris Cassani, dio cuenta de que el traspaso no está hecho oficialmente y que solo hay un aviso con respecto a la transferencia de fondos a la Municipalidad. La dirigente señaló que en Pinamar hay cuatro comedores, de los cuales hay que diferenciar a dos que son de total obligatoriedad, ya que pertenecen a escuelas de doble escolaridad (la Escuela Primaria N°3 y la Escuela Técnica). Agregó que “como alternativa hay otras dos escuelas primarias, que son la 4 y la 2, y que lo que también estarían trasladando es el desayuno y la merienda; eso va a todos las escuelas y a los jardines”.

Con relación al concepto de prueba piloto, existen dos criterios. Uno sería el de pensar que se trata de optimizar el servicio y que cabe la posibilidad de que el proceso quede sin efecto tras comprobarse su ineficacia; y otro, que es el de pensar que el gobierno ya tiene decidido el traspaso, como sea, y que en realidad lo que desea es perfeccionarlo haciendo experiencia en comunas testigo.

Iris Cassani entiende que el tema es delicado ya que se trata de la comida de los chicos y que de repente la Municipalidad va a tener que alimentar a 900 alumnos que se ven beneficiados por el programa a nivel local.

Por otro lado no es necesario hacer un profundo análisis político para entender que es una manera de empezar a quitarles funciones a los consejos escolares.

“Este último tiempo el Consejo Escolar recibió muy poca plata del fondo de cooperación o fondo de compensación, que es el fondo que se manda a todos los distritos para los arreglos menores de infraestructura que tienen que aportar al mantenimiento de cada escuela. Ante esa falta de dinero, el año pasado nosotros hicimos un acuerdo con la Municipalidad para que le pasara directamente al Consejo un dinero para esos arreglos menores. Obviamente, del fondo de financiamiento, que administra la Municipalidad, que se encarga de arreglos mayores. Hay que cambiar una bomba de agua, como en la Escuela N°1; el Consejo tiene mucha menos burocracia a la hora de poder hacer esa compra. Con esto el Consejo estaba un poco desfinanciado y hubo que recurrir a esto; así nos manejamos durante el año pasado. Al sacarle el SAE, para lo único que estaría el Consejo en estos momentos es para manejar toda la parte de planta funcional de auxiliares, que son las licencias de los docentes, los contralores de quienes trabajaron y quienes estuvieron de licencia, para luego ejecutar los pagos que hace Provincia, lo de infraestructura de cualquier obra que manda Nación o Provincia; hay una arquitecta que pone la Dirección de Escuelas, quien verifica la obra. Es lo que le queda como función”, describe Cassani.

La idea es sentarse con el Ejecutivo a concertar controles, ya que el día a día de un comedor plantea necesidades de rápida respuesta. El problema de no contar con pan a las 11 de la mañana de un día de clases debe ser resuelto de manera inmediata porque a las 12 los chicos almuerzan. Este mecanismo es tradicionalmente cubierto por el Consejo Escolar. A partir de ahora será la Municipalidad la que tendrá que dar una respuesta expeditiva.

Iris Cassani entiende que los días de paro se pueden recuperar pero que no ocurre lo mismo con un plato de comida, que es irrecuperable. “Nosotros vamos detrás de las mejores condiciones laborales, salariales y de enseñanza y aprendizaje de los pibes; ahí termina nuestra historia. No hay color político, por lo menos en nuestro distrito”, asegura, y descarta cualquier atisbo de boicot, ya que los deseos del gremio son que la comida sea óptima.

Según su criterio, los consejos escolares no se deberían perder, aunque aclara que no es su preocupación, sino que les corresponde a los políticos cuidar sus intereses, ya que la estructura de un consejo escolar está conformada por integrantes surgidos de una lista votada por la comunidad que hoy asisten impávidos a la pérdida de una de sus funciones primordiales, lo que les quita gravitación como actores políticos.

La prueba incluye, además de Pinamar, a Tres de Febrero, Lanús, Vicente López, Junín, Hurlingham, Escobar, Almirante Brown, Florencio Varela, San Isidro, San Fernando y Morón.