El vecino Eduardo Bari, en representación del Foro Amigos de Cariló, se refirió a algunas acciones llevadas a cabo por la Municipalidad donde se transgreden algunos aspectos de la ley provincial 12099, que declara Paisaje Protegido al Parque Cariló.

“Lo que no hay que olvidar es que hay una normativa que surgió del consenso de la población y sus representantes. Esta normativa está pensada para que los distintos gobiernos que administran nuestros fondos sepan que tienen un límite dentro del cual moverse. No es que no tienen límites porque si no estaríamos en una monarquía. En ese sentido, Cariló, y además gran parte de Pinamar, se caracteriza por ser un bosque al lado del mar. Si nosotros miramos un poco la historia, sin ir más lejos Villa Gesell, veremos cómo nació y cómo terminó siendo un pueblo de la costa, una ciudad más. En el caso de Cariló, concretamente, tenemos una ley que específica, junto a la Ordenanza 3361, que la reglamenta, que no puede modificarse la geomorfología ni el paisaje. No se puede hacer; para hacer una cosa como ésa, no dudo que puede haber una circunstancia que lo amerite, tiene que haber un plan, luego tiene que haber un estudio de impacto ambiental y tiene que ser aprobado por la Provincia. En todos los casos hay obligación por ley de consultar a la población y a las instituciones intermedias”, asegura.

Otras entidades intermedias de la localidad están preocupadas por el tema. Si bien Cariló tiene una arboleda añosa, la transición o el recambio de especies deben hacerse con sumo cuidado y con una tutela netamente ambientalista.

“Lo que ha pasado en parte de Pinamar y en el caso de Cariló es que se han modificado las calles siendo que la ley provincial de medio ambiente especifica que para hacer esa modificación debe haber un plan. Lo mismo pasa con la fitogeografía. No se puede talar árboles. Puede darse una situación excepcional pero para esos casos tiene que haber un acto administrativo; eso significa que hay alguien que denuncia que hay un árbol en mal estado o que es peligroso y donde hay alguien del Estado capacitado en tal sentido que va y mira, dictamina y firma ese documento haciéndose responsable de esa acción, como firma un médico el estado de salud de una persona. Es ahí que se decide talar un árbol. Pero aquí no ha sucedido. No fue así y se redujo a un cuaderno y a un secretario que iba diciendo qué árboles talar”, agrega Bari en referencia a la operatoria desarrollada por el secretario de Servicios Urbanos.

El vecino recuerda que hay un convenio con Naciones Unidas donde nos comprometemos a tomar todas las medidas destinadas a preservar el medio ambiente, una ley nacional de bosques, una ley nacional de medio ambiente que especifica que cualquier modificación necesita de un estudio de impacto ambiental, entre otras indicaciones.

“Y tenemos una ordenanza que obliga a todos los propietarios a quitar de su frente, entre otras cosas, cualquier especie arbórea, cualquiera sea su magnitud, y acto seguido fija cuáles son las multas por no hacerlo. Tenemos que entender que las normas están para cumplirse y, por otro lado, no es como dijo el secretario de Servicios Urbanos en una radio donde señaló que los de Cariló nos creemos los dueños o que además pensamos que vivimos en el bosquecito de Heidy. Ésos son los términos exactos y yo digo: ‘Sí, somos los dueños y ustedes son los administradores del 37% de la recaudación que aportamos nosotros. No se equivoquen’. Durante nuestra última visita al Concejo Deliberante, yo les decía: ‘Ustedes no se dan cuenta pero están administrando nuestros fondos. Hoy están ahí y mañana les va a tocar estar del otro lado. Porque no son eternos, son funcionarios de paso y mientras están de paso tienen que tratar de acatar las normas. No puede ser que un día un funcionario se levante y diga: ‘Vamos a ensanchar las calles de Cariló’ y se llevan puesto todo lo que hay al costado del camino”, especifica.

Bari pone de ejemplo a la localidad cordobesa de La cumbrecita, donde hay carteles que remarcan las características salientes del suelo. Según manifiesta, no hay ni hubo nunca veredas, sí caminos que se hacen con el paso continuado de la gente. Es más, nunca hubo quienes se hayan quejado por esa particularidad.

“Me llama la atención que estén tan preocupados por recuperar espacio público cuando hay emprendimientos comerciales en el medio de la Avenida Constancia y Zorzal, en el medio de la vía pública, y una resolución donde el intendente dice que los tienen que retirar, que tiene dos años de antigüedad. El tema del espacio y de la vía pública hay que tomarlo con pinzas. El bosque es así y no se pude tocar […]. La ordenanza que nombraba, 5289/18, tiene carácter inconstitucional porque los tratados internacionales tienen rango constitucional. Sepa la gente que esta norma es para aplicar en todo Pinamar y no sólo en Cariló”, redondea.

O sea que la ordenanza tiene una consideración con relación al agua de lluvia, con la cual la entidad no hace ningún reparo. Sí hace hincapié en el tema de los árboles y que sean talados sin contar con un plan. Un tercer punto es que la norma busca recuperar el espacio público, en el que muchas veces hay arbustos, árboles u otras especies plantadas por el frentista; éste es uno de los puntos a consensuar.