Allanaron propiedades del último intendente vecinalista

El hecho tomó estado público y repercusión nacional. Se trata de Hernán Muriale, quien a raíz de una denuncia de 2014 hecha por Lucas Ventoso deberá responder en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Publicar un comentario a una semana de haber ocurrido un suceso relevante puede ser un desatino para un medio nacional. Pero en este caso estamos hablando de tres actores de singular importancia del ámbito local: el concejal Lucas Ventoso, el ex intendente Hernán Muriale y nuestro medio, al cual los lectores con su búsqueda semanal le han dado una notoria trascendencia dentro del espectro mediático.

El concejal y abogado Lucas Ventoso fue calificado en su momento por el ex intendente Blas Altieri como “denunciante compulsivo”; eso fue un poco antes de que el histórico caudillo vecinalista terminara destituido de su cargo por la vocación por desocultar ilícitos que tiene el edil, hoy de Cambiemos y desde siempre radical. Quizá por trabajar en soledad, Ventoso puede presentar algún costado vulnerable, como el hecho de no haberse comprometido un poco más con la irregular extracción de arena y transporte más allá del partido. Lejos de analizar este hecho en sí, lo que es de destacar es que es uno de los pocos argumentos del cual se valen sus detractores a la hora de estudiar dónde golpearlo.

Luego de pasar por el área de Compras de la Municipalidad, Hernán Muriale, ingresó al HCD como primer concejal para luego acceder a la intendencia tras la obligada salida de Altieri.

Clarín, el gran diario argentino, se ocupó, entre otros, de darle alcance nacional al casi centenar de allanamientos que ordenó la Justicia y que se realizaron en Pinamar, el Banco de la Provincia local, San Martín de los Andes, un barrio cerrado del gran Buenos Aires, entre otros. Si bien el número parece excesivo, ello tiene su explicación en que se allanaron cada una de las unidades funcionales que conforman la totalidad de los bienes inmuebles, como las ocho cabañas que se encuentran en territorio neuquino. La causa está catalogada como enriquecimiento ilícito y tuvo origen en la denuncia de Ventoso y la desmedida ampulosidad del crecimiento económico del ex mandatario.

Fue así como en el marco de la causa que lleva adelante la Fiscalía N° 4, a cargo del doctor Juan Pablo Calderón –a partir de una denuncia del concejal Lucas Ventoso– el miércoles 30 de agosto se realizaron, con la colaboración de Gendarmería Nacional, los allanamientos antes mencionados. El personal a cargo incautó todo lo que entendió como vinculado con la posible situación delictiva.

Este accionar judicial también contó con la colaboración del Tribunal de Tasaciones de la Nación para determinar cuál es el valor de cada uno de los inmuebles, ya que el delito que se investiga es enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento “tenemos inconsistencias patrimoniales que se vinculan con informes de la AFIP”, agregó otra fuente judicial que evaluó que la investigación está por el camino correcto.

Sobre la investigación que realizó en 2014, Ventoso recordó que entonces “haciendo un análisis de la situación patrimonial que él tenía antes de llegar a la función pública, era evidente que se había enriquecido de manera descomunal”.

“Muriale llegó en 2008 con nada, y llegó a tener 100 caballos de carrera, un enriquecimiento que no resistía ningún análisis”, afirma Ventoso, quien recuerda la sorna con que eran consideradas sus denuncias por el entorno altierista. “Para el que está en política esto no tiene por qué ser lo normal, donde el que no roba es un imbécil. Por suerte el fiscal de Pinamar actuó con las herramientas que tiene a su alcance, que no son muchas. Hizo lo que pudo hacer. Esto también estaba en manos de un área de Delitos Especiales de la Procuración, donde gran parte del esfuerzo del recurso humano del que disponen estaba con este caso. Gran parte de este enriquecimiento viene de la obra pública, la venta ambulante, la telefonía celular, entre otros”, agrega para luego señalar que son varias las causas que convergen en un punto: el enriquecimiento del grupo.

“Lo importante, también aquí es recuperar el dinero que se han robado. No tiene mucho sentido si no se recupera la plata que le han robado a la gente […]. Lo que pasó a uno lo entusiasma, especialmente si uno ve que esto puede llegar a tener resultados. Esta es una causa que inició en 2014 cuando ya era concejal. Se desprende de la causa por la venta ilegal en el frente marítimo cuando empiezo a investigar sobre las personas a quienes se les entregaba el dinero. Lo mismo pasó con la causa de telefonía celular cuando desde las empresas de celulares dan cuenta de quienes eran los bolseros que enviaba Muriale para recaudar. Por eso son importantes todas las causas, porque todas convergen en el funcionario de mayor rango, que por ese entonces era Muriale”, agrega.

“El mensaje para la sociedad es que el que roba la paga y la plata no se la llevan, se la tienen que devolver al Estado”, concluye.