Alquileres: buscan aplicar un impuesto a la vivienda ociosa

La oferta de los alquileres se redujo y los precios escalaron considerablemente. Mediante esta propuesta, el Gobierno busca forzar el aumento de la oferta.

Tras una temporada histórica por la cantidad de turistas que visitaron la ciudad, para el residente pinamarense se ha vuelto una verdadera peripecia la búsqueda de alquiler anual. Sobra la demanda pero falta la oferta. Sin embargo, la problemática habitacional envuelve al país en general –en parte por el fracaso de la Ley de Alquileres-, al punto en que se evalúa crear un nuevo impuesto a la vivienda ociosa para forzar el aumento de la oferta.

Luego de realizarse la segunda reunión de la mesa de trabajo y negociaciones convocada por el Gobierno para resolver el escenario del mercado de alquileres, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, afirmó que consultará a los organismos pertinentes del Estado -principalmente la AFIP- sobre la posibilidad de desarrollar y llevar adelante un impuesto a la vivienda ociosa.

El titular de la cartera de Comercio dijo que “el alquiler es un tema esencial, por eso constituimos esta mesa. Nosotros tenemos la obligación de aplicar políticas regulatorias y políticas de consensos. Es la tarea del Estado acercar las leyes a la ciudadanía”.

En ese sentido, Feletti sostuvo que desde la Secretaría “buscamos proteger al inquilino en el marco de la ley vigente y aumentar la oferta de viviendas en alquiler”.

Cabe recordar que la Ley de Alquileres (27.551) se sancionó en junio de 2020 a fin de proteger a los inquilinos de posibles abusos en los contratos por parte de los propietarios. Entre las modificaciones figura la extensión del plazo de duración de los alquileres de dos a tres años, la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario y que los aumentos se realicen de forma anual y no semestral.

Pese a las intenciones de la norma, los valores de los alquileres escalaron y la oferta de inmuebles se redujo considerablemente. En gran parte, responde al congelamiento de precios y la posibilidad de suspender la ley, tras las declaraciones de Sergio Massa a fines de 2021.

La incertidumbre en torno a la reglamentación generó que muchos propietarios decidieran sacar las propiedades del mercado y volcarlas a la venta, lo que produjo un stock récord.