El director de Fiscalización de Concesiones de Servicios Públicos, abogado Claudio Munafó, se manifestó en relación a un viejo tema, recurrente y polémico, como es la relación entre la Municipalidad de Pinamar y el actual concesionario, Tullser SA UTE. Una relación que se inició en 2001, durante uno de los tantos períodos en que le tocó reinar como intendente al doctor Blas Altieri.

El vínculo no estuvo exento de violencia y solo cabe recordar la batahola que se armó en la sesión ordinaria del 23 de octubre de 2008 por una cuestión contractual donde no faltaron forcejeos, golpes, insultos y daños en la estructura del Concejo Deliberante. Del hecho se dijo de todo, desde que había sido un desborde de los concesionarios hasta que el vecinalismo de entonces había urdido una puesta en escena donde cada uno de los actores sabía qué papel le tocaba.

“El pliego exige la administración de la terminal, la higiene y lo que es la bajada de barrera (golpe de dársena), que se paga mediante declaración jurada y rendición porque en un momento hubo un juicio en el cual se estableció que la bajada de barrera tenía que percibirla el Municipio, por consiguiente se le rinde directamente al Municipio y, obviamente, el pago del canon, que se eleva a 50 mil pesos anuales”, dice el director.

Además del valor irrisorio del canon, el vínculo termina en 2020/21. Llama la atención que todas las concesiones estén vinculadas al módulo y en este caso no, que se hable de una cifra inalterable en el tiempo, sin relación alguna con la inflación. Es de razonar que una relación con el módulo le daría un valor más cercano a la realidad económica al canon en cuestión. Al respecto, el doctor Munafó deslizó que dentro del gabinete ya se habla de ver la modificatoria que equipare la concesión con valores más reales. Si bien la Municipalidad, más allá de las consecuencias, podría rescindir la concesión, lo que ha trascendido es buscar un consenso pero sin perder la firmeza en la búsqueda del equilibrio.

“El Concejo Deliberante en su momento había solicitado conocer los ingresos y a raíz de unos informes del entonces secretario de Hacienda, Matías Melia, se solicitó también la recuperación de la administración, cosa que no es tan fácil”, señala Munafó.

Otro de los puntos débiles de la concesión es que el concesionario recauda el valor de la bajada de barrera para luego rendirlo, sin otra condición que hacerlo a través de una declaración jurada. Sobre este punto, en ocasión de la asunción de Víctor Farragut al cargo que hoy ocupa el letrado, el tema de la recaudación por la barrera fue puesto en dudas y llevado al seno del HCD.

“Alberto Germain le explicó que entre las denuncias, los denunciantes informaron que las bajadas de barrera que paga el concesionario no coincidirían con la realidad. El funcionario explicó que a partir del fallo judicial, la Municipalidad recibiría la totalidad de ese monto, y se tendrá en cuenta la denuncia, y que en caso de ser cierta, podría ser causal de rescisión de contrato”, decía en uno de sus párrafos más salientes la gacetilla emitida por Prensa del Concejo.