Luego de verificar que no se contaba con los elementos necesarios que acreditaran la titularidad de la propiedad y tras 3 meses de análisis del caso se procedió a la demolición de lo construido.
En la mañana de hoy, viernes 4, se concretó otro desalojo y la correspondiente demolición de la construcción ilegal que había en un predio ubicado en la localidad de Ostende.
Fernando Ávila, referente de la subsecretaría de Vivienda y Hábitat, contó detalles del operativo: "Como venimos haciendo comenzamos a movilizar todo este operativo a partir de una denuncia de vecinos. Se trataba de una construcción cuya obra comenzó hace unos tres meses. En la obra no había gente viviendo y, como solemos hacer, solicitamos la documentación que avalara la propiedad del espacio la que no pudo ser entregada. Tenían, de hecho, un boleto de compra venta falso. Para concretar el desalojo coordinamos el operativo con la Policía y con el equipo de Servicios Urbanos".
"Llegamos hasta Ostende para acompañar al equipo de Vivienda y Hábitat", expresó por su parte el secretario de Seguridad, Lucas Ventoso, y prosiguió "Esta es una política de Estado. Hemos decidido desde el primer momento decirle no a las usurpaciones, a las ocupaciones ilegales y ejerciendo la posibilidad de demoler las viviendas clandestinas".
“Desde el intendente hacia abajo estamos en no permitir las usurpaciones”, acotó Fernando Ávila.
Los casos no tienen ningún parentesco con otros casos donde la usurpación tiene como argumento la fragilidad social, donde en muchos casos quien vende no es el propietario, se manejan precios irrisorios que hacen suponer cierto grado de complicidad. “El que compra sabe que está comprando mal, se la juega”
Tres meses le llevó a la municipalidad hacer efectiva la clausura. Como todos los expedientes hay un procedimiento, primero son las intimaciones, clausura de obra, multa, por ende la gente ya está sobre aviso y no es tomada por sorpresa acerca de esta acción.
Para Ávila la figura de la usurpación es un delito y no tiene justificativo, sería lo mismo que justificar un robo porque media una situación social límite. Tanto la usurpación como un robo son delitos.
Según el funcionario hay 30 casos que seguirían la misma suerte, hoy tienen la posibilidad de hacer su descargo pero si no cumplen con los requisitos el proceso seguirá su camino.