Días pasados trascendió el rechazo del Plan Director de Cariló, un tema un poco rezagado por la pandemia y su evolución y la temporada que analiza protocolos y se proyecta ocupando espacios lógicos del interés de la gente.

Ante esta alternativa consultamos al arquitecto Augusto Urrizola quien repasó el proceso y dio su punto de vista al respecto.

“El plan director fue aprobado en la instancia local por el concejo deliberante que sancionó la ordenanza, el intendente la promulgó con lo cual la etapa local quedó concluida. Lo que ocurre es que por una ley provincial que data del año 1977, en plena dictadura, la ley 8912 de uso de suelo, que técnicamente es una buena ley pero que tiene algunos resabios propios de aquella época autoritaria, entre ellos el obligar que cualquier ordenanza que verse sobre temas urbanísticos no entre en vigencia legal inmediata una vez sancionada por el Concejo Deliberante, como cualquier otra ordenanza. Sino que requiere una tramitación posterior ante el gobierno provincial para que la termine convalidando con un decreto del gobernador. Realmente es una rémora, de tal vez hace 50 años en algún municipio chico del interior que incluso no era el caso de Pinamar, que por ahí no tenían mínimamente armada una oficina de planeamiento puede ser que requirieran esos municipios un apoyo técnico de la provincia pero hoy en día es una deuda más de la democracia no haber modificado la ley al menos en ese aspecto”.

En este caso no se trata de un rechazo arbitrario del gobierno provincial para el cual no está facultado sino de hacer prevalecer sus atribuciones para pedir la intervención de 3 organismos técnicos que evalúan una ordenanza, que son la Dirección del Agua, la dirección de ordenamiento urbano y territorial y el OPDS, le puede hacer observaciones técnicas y el municipio tiene que proseguir el trámite o bien rebatiendo esas observaciones o corrigiéndolas si coincidiere con la opinión técnica de la provincia.

“En ese punto debe estar el plan director, yo no tengo noticias concretas del expediente que la municipalidad lo inicia ante la provincia pero lo que sí niego de plano que la provincia lo haya rechazado y que no puede continuar porque no es atribución del poder ejecutivo provincial, para que pasara eso tendría que haber una denuncia en el ámbito judicial entonces sí, la justicia eventualmente podría declarar la inconstitucionalidad de una ordenanza municipal pero no es este el caso que estamos hablando. Seguramente aquí como hay particulares interesados que son desarrolladores, al menos de los 3 sectores de Cariló que quieren llevar adelante este plan director ellos mismos se van a ocupar ante el municipio para que si ha habido observaciones de la provincia sean rápidamente contestadas, que no pase como con el código de ordenamiento urbano que fue votado por amplísima mayoría en el 2017, la provincia le hizo algunas observaciones técnicas y nunca más el municipio de Pinamar respondió a las mismas, aquí la responsabilidad no es de la provincia que hace su trabajo sino de la municipio que no lo hizo”.