En una sesión extraordinaria que se llevó adelante esta tarde, el Concejo Deliberante resolvió -gracias a la mayoría de los votos oficialistas- no interpelar al intendente Martin Yeza por el fraude de las tarjetas Alimentar. La solicitud había sido elevada por los bloques opositores, tras mostrarse disconformes por las explicaciones del secretario de Desarrollo Social.

El lunes pasado el recinto citó al secretario de área, Javier Tumas, para exigir explicación sobre el caso. Allí, el funcionario aceptó que no había controles sobre el operativo de las tarjetas, pero dijo que puso toda la información disponible ante la justicia. Sin embargo, las respuestas no conformaron a los ediles de la oposición, y este martes pidieron una sesión extraordinaria para interpelar al intendente el miércoles 31 de marzo.

Allí buscarían citar a Yeza para suministrar un informe detallado de lo sucedido con la entrega de las tarjetas del programa Alimentar. Y exigirían respuestas sobre las acciones llevadas a cabo una vez que el jefe comunal tomó conocimiento de los hechos ocurridos.

El proyecto finalmente no fue acompañado por los ediles que responden al intendente, ya que Camila Merlo, Alejandra Apolonio, Analía Figueroa, Matías Yeannes, Javier Pizzolito, Emanuel Karlau y Roberto Brandalissio –todos ediles de Juntos por el Cambio- votaron por la negativa.

“Administrativamente se hizo lo que se tenía que hacer”, argumentó la concejal Camila Merlo. “Para hacer una interpelación seria y razonable hay que tener pruebas que la acompañen. En este momento hay una causa de la que no tenemos conocimientos y no tenemos acceso”, completó la edil, antes de comunicar la decisión de su boque.

Por su lado, la concejal de Propin Gabriela Ferreti aclaró que si bien la investigación es incumbencia de la justicia, dijo que “hay funcionarios responsables por no hacer su trabajo”. "Tenían que velar por estas cosas y no lo hicieron. Hubo un secretario que se sentó ayer en el Concejo con un desconocimiento absoluto con lo que pasó con estas tarjetas”, expuso.

Hasta el momento, la justicia detuvo a seis personas por la causa que investiga el desvío de más de dos millones de pesos del fondo de las tarjetas alimentar que no fueron entregadas a sus beneficiarios el año pasado. Entre ellas se encuentran imputadas dos empleadas municipales, pero no la funcionaria responsable del operativo, Nora Ponce.