La fiscal federal Paloma Ochoa imputó este viernes al intendente de Pinamar, Martín Yeza, por presunta malversación de caudales públicos a raíz de supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos nacionales destinados a obras en el municipio.

Fuentes judiciales informaron que la imputación es contra Yeza y podría alcanzar a funcionarios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación.

La denuncia fue presentada el pasado 28 de mayo por el concejal del municipio Gregorio Estanga y el diputado nacional del FPV Rodolfo Tailhade para saber qué destino se le había dado a la mitad de los fondos que giró la Nación para la obra “Centralidad Pinamar”, que tenía como fin revitalizar la playa pública.

“Las obras del centro de la ciudad de Pinamar no están”, señaló la denuncia que recayó a la jueza María Servini de Cubría, por lo que los denunciantes concluyeron que hubo un “desvío” del dinero público.

El 26 de julio de 2017 el ministerio conducido por Rogelio Frigerio licitó el denominado “Centralidad Pinamar”, para una obra en la avenida Bunge con un presupuesto de 33.925.024 millones de pesos, en el marco del Plan de Renovación Urbana que desarrolla la cartera nacional.

La designada fue la constructora Ashoka y la denuncia apunta a que las obras no fueron terminadas en la fecha pautada en el contrato y se extendieron durante la temporada de verano: “Denota todavía más gravedad de la situación ya que, además de haber gastado más de la mitad de lo que se presupuestó y se informó al Ministerio del Interior, se incurrió en altos niveles de incompetencia que generaron una demora inaudita para la clase de intervención urbana que ejecutaban”, indicaron los denunciantes.

Y advirtieron sobre “la facilidad con la que la firma Ashoka Construcciones SA pudo cobrar lo que no hacía, a pesar de sus evidentes atrasos”.

Según citó la fiscalía en su dictamen, y tal cual surge de la denuncia, “las irregularidades se repiten de manera sistemática indicando una evidente adulteración de los conceptos y contenidos de los certificados, todo ello con la evidente complicidad de funcionarios municipales, cuya intervención era imprescindible para la liberación de los fondos”.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas