Guillermo Migliorini, concejal vecinalista de Propin, en representación de su bloque se refirió a un pedido de interpelación al secretario de Gobierno, Guillermo Benítez, que se podría hacer extensivo al intendente municipal, Martín Yeza. El anhelo es coincidente con la iniciativa promovida por Unidad Ciudadana pero obedece a otros motivos.

“Es pesada la palabra interpelación por la historia reciente que tiene Pinamar respecto a esto. La interpelación venía atada a la palabra destitución; era como que se interpelaba y se destituía. Cuando hay argumentos sólidos respecto a una malversación de fondos o una cuestión mucho más compleja, sí va atado a la destitución, pero la palabra interpelación, la verdad, es un pedido formal de explicaciones en una sesión especial, donde se hacen preguntas y se esperan esas respuestas. Pasa por ahí, y por una obligación del funcionario, por ir y responder, porque también hay otros canales para hacer estas preguntas. Puntualmente, desde Propin, en los últimos días presentamos en la Comisión de Legales un proyecto de interpelación hacia el secretario de Gobierno, Guillermo Benítez, y se puede hacer extensivo al intendente porque esto viene del mes de febrero, cuando recibimos la denuncia de un vecino que hablaba de unos chiringos de playa en las dos bajadas de Cariló donde están las rampas de acceso… Puntualmente lo planteamos en estos dos casos por el desarrollo del expediente y después se suman otras cosas más […]. Esto venía con los chiringos de playa, uno en espacio público, uno frente a un hotel muy conocido, como es el Marcin, y otro que estaba dentro de un apart, Puerto Pirata, que a mi entender estaba en estado de abandono. Ninguno de los dos tenía habilitación. En uno de ellos se vendían bebidas alcohólicas sin REBA, sin facturación, totalmente irregular. Cuando consultamos a los encargados de ahí, dijeron que no tenían nada. Mandamos a Fiscalización y terminan clausurando el lugar pero continuamos con este tema y empezamos a encontrar dentro del expediente muchas informalidades, falencias a la hora de haber hecho el acta”, describe.

Uno de los errores que marca el legislador es que el acta estaba mal confeccionada, lo que determinó que no se cobrara la multa, algo que a su criterio pone en duda la transparencia del procedimiento.

“Después teníamos otras cosas más. Detectamos que donde estaba uno de estos chiringos, en Puerto Pirata, que supuestamente estaba del lado privado, ya que nos habían dicho ‘mirá, primero lo tenía en el espacio público pero vinieron y me dijeron que lo pase al privado’ y después cuando preguntábamos a esta misma persona y dijo ‘yo lo pregunté y lo arreglé con Manrique’. Empezamos entonces a llamar más la atención en este punto y empezamos a ver que había una firma que se llama (Demifor SA) donde la familia Manrique, el ex subsecretario de Fiscalización, estaba dentro de la misma firma por ser familiar directo. Entonces, empezamos a encontrar cosas que no nos terminaban de cerrar, eso lo pedimos por comunicación y no obtuvimos mucha respuesta de eso; después citamos a los funcionarios, a Bertozzi y a Manrique, y nos explicaron cosas que nos llamaron más la atención. Cuando les preguntamos por qué los agentes fiscalizadores no se percataron de esto, respondieron ‘porque no lo vieron’ y nos pareció una cargada porque nos hablaban que tenían dos fiscalizadores en esa zona, todos los días, y estaban en las dos pasarelas. Era imposible que no lo vean, era algo fijo, algo grande. Después le preguntamos qué sumario se les había realizado a estos agentes por no haber cumplido con su tarea. Dijeron que nada. Cuando le preguntamos a Manrique por qué no se había excusado, porque el lugar era de la familia, dijo ‘no tengo nada qué excusarme, yo decido igual’, o sea, hay cuestiones éticas y cuestiones que nos llaman mucho la atención”, profundizó.

Por otro lado, Migliorini recuerda que mientras Bertozzi aseguraba que no correspondía cobrar la multa a Demifor por estar habilitado, en el momento de tomar vista del expediente vieron que la responsable de Habilitaciones, la doctora Claudia Casetti dejaba constancia que no poseía habilitación alguna.

De resultas de tantas idas y venidas, contradicciones y sospechas, es que Propin intentará lograr la interpelación del secretario de Gobierno, Guillermo Benítez.