Entre las atribuciones que pretenden, buscan que los alcaldes puedan manejar la Policía Local que cumplen funciones en sus comunas.
Los legisladores e intendentes opositores en la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense en el que se exigen al gobernador Axel Kicillof mayor “injerencia” en la planificación de la política de seguridad para los 135 municipios, en el marco de “la inseguridad” que atraviesa el territorio.
Luego de los idas y vueltas entre la Provincia y los municipios -principalmente opositores como Pinamar- por los recursos destinados a combatir la inseguridad en los distritos, se presentó una propuesta que lleva la firma de dirigentes y funcionarios de Juntos.
Fue presentada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Fabián Perechodnik y, entre los que lo firman, se destacan los senadores provinciales Juan Pablo Allan y Florencia Barcia; y los diputados Claudio Frangul y Julieta Quintero Chasman.
La iniciativa busca que los alcaldes puedan manejar la Policía Local que cumplen funciones en sus comunas. Asimismo, se pretende crear en cada uno de los municipios una “Mesa de Coordinación Local de Seguridad Pública”.
Además, indica que una vez por mes se reúnan representantes del ministerio de Seguridad bonaerense, de la fuerza policial de cada distrito, los intendentes, el presidente de la Comisión de Seguridad de los distintos concejos deliberantes y los legisladores provinciales de la sección electoral correspondiente a cada distrito con el objetivo de “analizar, coordinar, ejecutar y asegurar la acción de los recursos humanos y logísticos de seguridad en cada comuna”.
El debate por la inseguridad es una de las discusiones más recurrentes en territorio bonaerense. De hecho, durante la última temporada de verano se produjeron cruces y cuestionamientos entre Provincia y Pinamar por la falta de recursos que la comuna recibió para enfrentar una temporada con un récord histórico de turistas.
Sin embargo, la tensión entre ambas administraciones se remonta a más de un año atrás, con las fiestas clandestinas de la temporada pasada y la redistribución de patrulleros que dejó al municipios con solo dos móviles en circulación.