El conflicto data de 2006. Tuvieron que pasar varias gestiones para que se solucionara, hasta hoy. Tras trece años de idas y vueltas, parece que el diferendo se acerca a su fin.

Todo se inició con una acción de amparo que interpusieron dos ONG por considerar que Pinamar no garantizaba accesibilidad plena en varios puntos de la ciudad; por consiguiente, el cuestionamiento llevó a que la Justicia hiciera foco en la Municipalidad de Pinamar.

Se trata de una acción de la que emanó un fallo donde la Justicia le indica al Municipio, en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Dolores, que efectúe un proyecto de obras a realizar y que se constate que haya una previsión de partida para el efectivo cumplimiento para garantizar el acceso pleno de las personas con discapacidad. El juzgado creyó conveniente para hacer cumplir al Municipio con el reclamo señalado la imposición de astreintes, lo que equivale a una multa diaria que ascendía a $1.500.

El asesor letrado de la Municipalidad, doctor Martín Rapallino, señaló que el pago de la sanción pecuniaria llegaba a su fin y que para que ello ocurriera fue vital el cambio de juzgado.

“La instancia de la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que toma por primera vez el tema, advierte un montón de planteos que nosotros venimos efectuando en la Justicia de Dolores, en el órgano ordinario, que es el Juzgado Civil y Comercial 1, y que nos venía siendo rechazado sistemáticamente, inclusive hasta cuestiones procesales que fueron anuladas por la Cámara pero principalmente el planteo de fondo es que se suspenda esta multa, esta sanción que había aplicado (sobre) el Municipio porque a raíz de toda la documentación y todo lo que se había venido efectuando en materia de obras públicas con ayuda de Nación y de Provincia, como se viene trabajando el eje de la discapacidad en la gestión municipal, estaban dadas las condiciones para que se pueda atacar el fondo del asunto y que el Municipio deje de pagar esta sanción porque con los hechos lo podemos ver. Finalmente, a raíz de un montón de cosas, la Cámara nos dio la razón e inmediatamente nosotros iniciamos una presentación en el juzgado de Dolores para que se detenga la ejecución de estas multas”, aclara el facultativo.

Como puede verse, se trata de una situación heredada con una carga diaria que con el paso del tiempo fue convirtiéndose en una cifra significativa. Tanto en las pequeñas obras como en las de gran envergadura se advierte que la accesibilidad plena está contemplada, así como el impacto ambiental. Esto puede tomarse como un postura positiva de la Municipalidad pero, si analizamos, vemos que han ocurrido cambios en la sociedad, la cual ha sumado otros cuidados que antes no eran tenidos en cuenta.

“Esto viene de la sentencia de 2006, que ha quedado firme con sus diferentes incidencias, pero nosotros asumimos el compromiso a raíz de que es un tema que involucra al Municipio y a la accesibilidad completa de Pinamar y, además, nos estaban endilgando cuestiones que no son de resorte municipal y, si bien nosotros estamos en contacto con el organismo provincial, como por ejemplo el acceso al Registro Civil o al Juzgado de Paz letrado, se había entendido como que era un incumplimiento imputable exclusivamente al Municipio”, aclara Rapallino.

Por su parte la secretaria de Planeamiento, arquitecta Mila Gómez Beret, hace su aporte: “Las obras públicas nuevas, todas cumplen con la accesibilidad plena, no sólo los accesos sino también baños de discapacitados, ancho de puertas, baldosas táctiles. Está contemplado el tema de discapacidad siempre en todas las obras nuevas. En todo lo que son escuelas les hemos puesto baños de discapacitados, hemos refaccionado escuelas para que cumplan con la accesibilidad, les estamos haciendo los accesos a escuelas que ni siquiera tenían asfalto para poder llegar. Como se trabajó de manera interdisciplinaria entre diferentes áreas, cada obra venía siempre con un trabajo conjunto, por eso se genera el área de Discapacidad, que fue uno de los ejes de gestión y toma el tema, como debe tratarse, de una manera integral entre todas las áreas y de manera interdisciplinaria. Además, la discapacidad no es solo motriz; entonces tenemos talleres de distintos tipos, tanto de cultura como de deporte, asistencia médica, contención psicológica, porque atrás de cada persona con una discapacidad hay una familia que lo tiene que acompañar, que lo ayuda y también sufre”.

La secretaria entiende que se ha producido un cambio sustancial en la conducta del Estado. Destaca que gracias a todos los subsidios que otorgaron Provincia y Nación se pudo encarar las obras de la manera que se hizo. Recalcó que los fondos municipales se utilizan para lo que se tienen que utilizar, y ejemplificó “porque el fondo de discapacidad se utiliza para discapacidad, la educación se utiliza para educación, y a su vez educación ha hecho obras para atender la discapacidad en las escuelas existentes como en los centros de formación”.

Rapallino reitera que se puso mucho énfasis en cumplir con lo reglamentado y que se armó un equipo entre todos los integrantes del gabinete, un hecho que incluso destacó la Cámara.

“Nosotros pusimos a disposición hasta al intendente municipal, solicitamos audiencias para reunirnos con el juez y solamente el juzgado de primera instancia limitó su decisión de rechazar lo que nosotros veníamos pidiendo a una inspección ocular que se realizó el año pasado, verificando lugares al azar, elegidos tres por una parte y tres por otra, y nosotros lo que planteamos es que para dotar el tema con seriedad de la accesibilidad de un lugar debe hacerse en forma integral, haciendo una mirada global para resolver el problema de fondo. El frente marítimo fue el caso más patente porque hubo demolición de balnearios a cero y la nueva construcción tuvo que hacerse apegada a normas que garanticen accesibilidad plena de personas con discapacidad”.

En lo inmediato la suspensión de las astreintes es una buena noticia. Saber que el tema de la accesibilidad está solucionado no es menor. Restan otros ítems; uno de ellos es responder a una de las exigencias que oportunamente hizo la Municipalidad, como es conocer el destino del recurso económico que se fue pagando a lo largo de estos trece años, si en realidad fue aplicado a la realización de obras en beneficio de los discapacitados, como la lógica lo indica.