Todo comenzó en 2006, durante uno de los mandatos de Blas Altieri, como producto de una acción de amparo que interponen SOS Discriminación Internacional y la Fundación Amigo, ambas de presencia local, especialmente esta última. Se trata de una acción de la que emanó un fallo donde la Justicia le indica al Municipio de Pinamar, en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Dolores, que efectúe un proyecto de obras a realizar y que se constate que haya una previsión de partida para el efectivo cumplimiento para garantizar el acceso pleno de las personas con discapacidad. El juzgado creyó conveniente para hacer cumplir al Municipio con el reclamo señalado la imposición de astreintes, lo que equivale a una multa diaria.

“Desde mi punto de vista no tengo conocimiento de que tenga acciones concretas, ya que a través de la Dirección de Discapacidad no se han visualizado”, señala el asesor letrado de la Municipalidad, doctor Martín Rapallino, en alusión a las actividades de las entidades denunciantes.

“Es así que cuando asume la gestión actual, en 2015, en mi caso, practico un informe con respecto de esta cuestión judicial, se va trabajando en el tema, va pasando por todas las áreas técnicas, lo que produce la creación de partidas y el dictado de ordenanzas que tratan sobre la temática. Se produce la concreción de las obras públicas que son de conocimiento y que se hicieron posibles merced al reconocimiento de la gestión del intendente Yeza por parte de la Nación y la Provincia, que fueron quienes facilitaron el recurso para efectuar las obras. En dichos proyectos se ha puesto el acento, que es visible, de una clara actitud para facilitar el tránsito y la accesibilidad plena de quienes así lo requieran”, afirma el asesor.

Por otro lado, entiende que es impracticable crear ordenanzas que prevean dentro de un presupuesto partidas que remedien todo el distrito de un día para otro, ya que siempre el tema presupuestario es acotado y se circunscribe a otros aspectos de la necesidad de la comunidad.

“Esta multa (astreintes) se mantuvo desde esa fecha y fue de 500 pesos diarios, hasta que en 2017 se eleva el monto a 1500 pesos diarios por requerimiento de esta fundación. Hasta que nosotros en agosto pasado, por escrito, hacemos una presentación solicitando el levantamiento de las astreintes. Visto que hubo un gran movimiento de obras públicas, lo que hicimos fue poner de manifiesto las previsiones que se hicieron en relación al tema, a lo que sumamos los cambios operados en el frente marítimo, ya que uno de los cuestionamientos era el de la accesibilidad a la playa. Nosotros, al respecto, hicimos una cantidad importante de pasarelas, que son de público conocimiento, y dentro de la ejecución del plan integral del frente marítimo, eso se trasladó al casco urbano”, dice Rapallino.

La secretaria de Planeamiento, arquitecta Mila Gómez Beret, presente en el momento de la charla, señaló: “Lo que nosotros le marcamos a la jueza es que realmente lo que se tomó fue una política de Estado con respecto a la discapacidad. Fue una política que asumió el intendente desde el momento en que se creó un área de Discapacidad que funciona. Tengamos en cuenta que hay distintos tipos de discapacidad, por lo cual se crearon cursos de natación, música, en fin, cursos para personas con distintos grados de problemas. Se hicieron obras de distinta envergadura, no sólo el frente marítimo, que es integral, como las once pasarelas que hicimos y que son todas accesibles. Todas las obras que se encaran se concretan bajo el prisma de satisfacer la accesibilidad plena”.

De lo expuesto se deduce que el Municipio ha acatado la decisión de la Justicia y que cuenta con un plan de obras, algunas en ejecución, a corto, mediano y largo plazo. Sirven de ejemplo las veredas de Víctor Hugo y Espora con sus rampas. “No porque lo diga un juzgado sino porque tiene que ser así”, acota la arquitecta y aclara que no se trata de crear sectores, como compartimentos estancos, sino de integrar.

Rapallino no quiere pasar por alto un detalle de suma importancia: “Es lo relacionado con el destino de estos fondos afectados de las astreintes. Nosotros se lo preguntamos al juzgado, de forma verbal y en todos los escritos, desde el día uno hasta la fecha, no hay rendición de cuentas de ninguna naturaleza por parte de estas personas que son beneficiarias de esta multa y que son las entidades que mencioné (SOS Discriminación Internacional y la Fundación Amigo)”.

Al respecto, en una presentación fechada el 28 de agosto de este año, especifica en su inciso III: “La parte actora en su función de representación de interés difuso o pluralidad de sujetos afectados a la temática, debería dar explicación y rendición de los fondos aludidos a los fines de saber y comunicar a la sociedad aquellas acciones y/o adquisiciones y/o destino de los mismos, en tanto que según surge de su propia constitución estamos en presencia de una entidad filantrópica, con fines exclusivamente sociales y asistenciales”.

Es evidente que la Municipalidad ha dado cumplimiento a lo requerido por el fallo en lo que respecta a proyectos y concreción de obras y promulgación de ordenanzas que avalen este cambio de actitud. Se ha creado un área de Discapacidad en funcionamiento. Y se ha requerido el cese del cobro de las astreintes de manera fundada, así como conocer el destino del caudal de recursos abonados a las entidades denunciantes a partir de marzo de 2006, fecha de inicio del conflicto.

Lejos de imaginar algún tipo de ensañamiento con la Municipalidad, llama la atención que el mismo juzgado incluye en sus cuestionamientos el déficit de accesibilidad de oficinas públicas, como el Juzgado de Paz o el Registro Nacional de las Personas, cuando se trata de reparticiones que no dependen de la órbita municipal.