La Municipalidad tiene que hacer valer su autoridad

La afirmación es del concejal de Cambiemos y máximo referente de Acento Radical con respecto a las licitaciones municipales y el seguimiento que debe hacer el gobierno.

El concejal de Cambiemos Augusto Urrizola habló de dos temas de actualidad: uno, referido a la empresa de Transportes Montemar; otro, a la situación de la UTF 17. Lo hizo dentro de un marco: el de poner en duda la tutela del gobierno sobre los alcances y detalles de la concesiones que otorga.

–¿Cuál es la situación de Montemar?
–El viernes, mientras se desarrollaba la sesión ordinaria del Concejo, se había subido un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo que intermediara ante las autoridades provinciales para concretar a nivel de nuestra zona, entendiendo como tal a Pinamar, Gesell y Madariaga, el servicio de transporte habitual de la empresa Montemar, donde hay muchos chicos, tanto de Gesell como de Pinamar, que concurren a establecimientos de Madariaga, como lo es la Escuela de Arte, a la que concurren chicos de La Costa, especialmente de Mar de Ajó. Estábamos tratando ese punto y justo ese día a las cero horas se plantea un conflicto con corte de servicio para todo el Partido de Pinamar: la línea local e incluso el servicio educativo, que es un servicio adicional que el Municipio contrata, año tras año, con la particularidad de que el Municipio había pagado en su totalidad una cifra de unos cinco millones de pesos. Más allá del derecho de huelga, no podía ser que quedaran tirados miles de chicos y jóvenes. Eso motivó mi intervención. Afortunadamente el conflicto no duró más de 24 horas. Pero sobre lo que yo intervine fue en que considero que la Municipalidad tiene que hacer valer su autoridad, ya que en este caso está por encima el derecho de los usuarios.

–¿Hay cierta blandura por parte del Estado municipal al no exigir más cumplimiento?
–Sí. Creo que hay una falta de decisión política; no de ahora sino de muchos años, donde los funcionarios municipales que van accediendo al ejercicio del gobierno no toman cabal noción de la responsabilidad que tienen en el control de las concesiones municipales, que no es sólo el control del colectivo local. Es la concesión del agua, los servicios sanitarios, la luz, donde el rol del Estado tendría que ser mucho más preponderante que el que juega hoy.

–¿Pareciera como una forma, un estilo. ¿Se ve en otros casos?
–Otro caso concreto es la concesión de un balneario. Hoy por hoy está bastante en la picota porque justamente se volvió a licitar, la unidad turística fiscal (UTF) 17, la que se conocía como Terrazas al Mar, y su gastronómico, La Gamba. A mi criterio, no debió haberse licitado nunca. El Estado municipal debió haber recuperado ese espacio el 30 de abril y hacerlo como playa pública.

–¿Ese espacio va a trabajar este fin de semana largo?
–El lugar viene trabajando porque tiene una tenencia precaria y la va a seguir teniendo hasta el 30 de abril. Lo que pasa es que para hacer una licitación, si ésa fue la decisión política del Estado, recordemos que así venimos de una muy mala decisión del HCD en cabeza de la oposición en la cual con el doble voto del presidente le dio una tenencia precaria a un grupo empresario que había incumplido absolutamente todo lo que preveía la licitación del año 2009 y que con argucias legales venía dilatando la situación para no demoler y por lo tanto no invertir y, cuando ya estaba vigente la orden de desalojo dictada por la Justicia, el día anterior lograron la sanción de esta ordenanza de tenencia precaria.

–¿Es llamativo esto que estás planteando?
–Es llamativo. Se usó como argumento la defensa de los puestos de trabajo, cuestión que era harto discutible porque la mayoría de esos empleados tenían la posibilidad de reubicarse en alguno de los otros establecimientos que tienen estos grupos empresarios. Acto seguido, el Departamento Ejecutivo también estuvo mal, a mi criterio, porque le faltó la decisión política para vetar esa ordenanza y hacer lugar a la orden judicial tal cual estaba planteada. Eso es historia pasada, de hace cuatro meses, pero historia pasada. Hoy estamos a las puertas de una nueva licitación, donde se vuelve a presentar el mismo grupo empresario que ocupó ilegalmente ese lugar hasta que obtuvo la sanción del HCD desde el 1 de mayo del año pasado, hasta el 30 de noviembre más o menos. En la fecha que fue la sanción de la tenencia, estuvo ilegalmente. Hoy compiten dos ofertas en lo cual yo no tengo ninguna duda, en materia del pliego que constituye casi un traje a medida para quienes tenían antecedentes en la concesión por lo cual licua toda posibilidad de competencia plena. Yo no tengo dudas que en materia de antecedentes comerciales es pésimo el posicionamiento frente, al menos, al Estado municipal porque se trató de una ocupación ilegal. Entonces creo que la comisión evaluadora de ofertas que no me toca integrar, que yo la integré los tres primeros años de mandato, en este caso hay otros tres representantes del Concejo Deliberante además de funcionarios del Ejecutivo, no tengo ninguna duda que debería pesar sustancialmente a la hora de decidir ese mal antecedente de ese grupo empresario, para habilitar la posibilidad de competencia para quien viene con nuevas ideas y con una mucho mejor propuesta económica y con esto no estoy intentando favorecer a alguien en particular, lo que estoy tratando es que el Estado municipal deje de ser el bobo de la película y que haya un sistema de premios y castigos, que los oferentes sepan que no da lo mismo portarse bien que portarse mal con el Municipio. En ese sentido creo que tiene una muy buena oportunidad el Departamento Ejecutivo de dar un paso concreto a favor de la competencia leal y marcar una posición en relación a quien no ha hecho las cosas bien. No tiene porque seguir gozando de “beneficios” con una concesión a quince años.