El escándalo por las irregularidades con las tarjetas Alimentar afectó a una de las áreas más sensibles de la municipalidad. La Secretaría de Desarrollo Social es el nexo entre el Estado y los sectores más vulnerables de la ciudad. Y, que la justicia acusara al propio Estado por desviar un fondo que estaba destinado a la alimentación de personas necesitadas, desató una ola de indignación en muchos sectores de la sociedad.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Dolores y la Policía Federal allanaron este jueves la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Pinamar tras investigar irregularidades en la entrega de las Tarjetas Alimentar.

Como resultado, seis personas –dos de las cuales son empleados municipales- quedaron detenidas por “defraudación en perjuicio de la administración pública”. Habrían desviado a sus cuentas personales una suma total de $2.092.000, que estaban destinadas a la alimentación de familias necesitadas. Este viernes deberán declarar ante juez de Garantías David Mancinelli.

¿Quiénes están involucrados?

La Secretaría de Desarrollo Social, una de las áreas más sensibles del municipio, quedó involucrada por el escándalo. Si bien los nombres de los detenidos no fueron difundidos, desde la municipalidad informaron que dos de las personas detenidas son agentes municipales. Pionero pudo saber que se trata de Andrea Ríos y Cecilia Pecarerre.

Además, aseguraron que la denuncia fue realizada por la funcionaria Nora Ponce, cuando se desempeñaba en la Secretaría de Desarrollo Social como coordinadora de General de Gestión y Coordinación Territorial. En aquel momento, era la responsable absoluta del operativo de las tarjetas. Hace dos semanas, Ponce fue removida a la dirección de Economía Social, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

El responsable del área, Javier Tumas, deslindó de toda responsabilidad a la Secretaría. Dijo en declaraciones radiales que nunca supieron de las maniobras fraudulentas, y aseguró que puso toda la información disponible ante la justicia. “Nunca me llevé bien con Nora Ponce”, comentó.

Por su lado, el intendente Martín Yeza se expresó casi un día después del allanamiento a través de sus redes sociales. “Internamente se inicia una investigación administrativa para establecer responsabilidades en el ámbito de la órbita pública”, escribió.

¿Cómo operaban los acusados?

A partir de la imposibilidad de repartir las tarjetas –desde el área señalan que no se terminaron de entregar por la pandemia del coronavirus- las mismas eran retiradas mes a mes por la Secretaría. Las dos agentes detenidas habrían robado ese lote de 370 tarjetas de que no habían sido entregadas, y se las dieron a la pareja de una de ellas.

Como la tarjeta alimentar sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica, utilizaron dos comercios, uno situado en Pinamar y el otro en Vicente López, para vaciar el fondo de las tarjetas que era depositado todos los meses por Nación. Simularon compras y el fondo fue desviado a sus cuentas personales.

¿Cuándo inició?

Las tarjetas alimentar empezaron a distribuirse en Pinamar el domingo 26 de abril del año pasado. Formaban parte de una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre.

Las autoridades iniciaron la investigación a raíz de una denuncia anónima en el mes de noviembre. Y en paralelo, la funcionaria Nora Ponce también efectuó una denuncia al detectar irregularidades en la primera entrega de tarjetas. En aquel momento, no se entregaron 140 tarjetas.

La investigación tomó fuerza cuando desde la provincia detectaron múltiples cobros de las tarjetas de Pinamar en el conurbano bonaerense. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Dolores y la Policía Federal decidieron allanar la sede de la Secretaría de Desarrollo Social para recabar información y avanzar con la causa.

¿Qué dijo el municipio?

Desde la municipalidad de Pinamar emitieron un comunicado de prensa, el que se informó sobre el allanamiento que involucró a una de sus secretaría, evitó dar nombres, y aseguró que se pondrá a disposición de la justicia.

“El Municipio continuará con todas las medidas de colaboración solicitadas e instará los trámites correspondientes a los fines de investigar los hechos de los cuales puedan derivar responsabilidad administrativa y disciplinaria de los agentes involucrados”, reza el comunicado.

¿Qué dijo la oposición?

La oposición, particularmente desde el espacio de Propin, publicó un comunicado en las redes sociales, en el que afirmó que ante esta situación tan “delicada”, desde el Concejo Deliberante citarán de forma urgente al responsable de la Secretaría de Desarrollo Social para que “brinde las explicaciones que corresponde”.

“Nuevamente otra denuncia grave por corrupción en la municipalidad de Pinamar. En este caso la situación es más delicada porque es dinero proveniente de las tarjetas alimentar y ningún funcionario se hace responsable ni brinda las explicaciones que corresponde a la comunidad”, completó.

¿Habrá renuncias?

Al momento, se apunta a la renuncia de Nora Ponce, por ser la funcionaria responsable de supervisar a las involucradas en la estafa. La funcionaria dijo que no renunciará, a menos que se lo pida el intendente. La semana que viene se esperan resoluciones.