La precariedad de las celdas en los centros de detención y la poca capacidad y condiciones de los calabozos de las comisarías son generadores de reyertas y conflictos entre los allí alojados, lo que da lugar a situaciones límite que se podrían evitar bajo otras condiciones.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Matías Yeannes, manifestó luego de un motín registrado hace una semana en la Comisaría de Pinamar: “La capacidad de esos calabozos es para seis personas; estaba excedida. Es una situación que se da en general, se da en toda la provincia la situación de superpoblación en calabozos de comisarías y en las mismas unidades carcelarias. En sí el lugar para la detención es una unidad carcelaria, no una comisaría. Ya desde hace varios años se viene renovando el decreto que marca la emergencia, que es lo que habilita que las comisarías puedan recibir detenidos. Más allá de eso, de la situación, que es grave en sí, el año pasado el ministro de Seguridad Gustavo Ferrari lanzó un plan por el cual se van a estar habilitando 2000 plazas nuevas por año, en un programa a diez años y eso va a cambiar ostensiblemente la realidad actual”.

Yeannes entiende que lo sucedido en la dependencia local no es bueno para los aprehendidos ni para el mismo titular, que tiene que cargar con una responsabilidad extra. El funcionario informa que por lo general un detenido no debería estar más de 20 días en esas condiciones.

También recuerda que el año pasado los calabozos estuvieron por ser clausurados, y que por ese motivo se realizaron mejoras a fin del año pasado y principios de este, donde quedaron en condiciones óptimas. Las mejoras se practicaron en los sanitarios y sobre las paredes, la pintura y la electricidad.

Este episodio, que pone en evidencia el déficit apuntado, no registró lesionados ni prófugos. Ocurrió entre las 19.30 y las 20, momento en que se generó una revuelta con los detenidos en los calabozos. Esto surge a partir de una requisa que realiza la policía a una persona que iba a llevar alimentos a unos detenidos, donde detectan dentro de un paquete de yerba la existencia de picadura de marihuana, por lo cual se demora a esta persona, se la aprehende y se arma la causa por drogas.

“En el momento que los detenidos se percatan de esta situación se comienza la revuelta dentro de la comisaría, que consistió en roturas en alguna parte de los baños y prendieron fuego algunas prendas de vestir; ahí se activa el protocolo para estos casos, que consiste en primer lugar en dar aviso al fiscal de turno, la doctora Verónica Zamboni. Intervino el grupo GAD [Grupo de Apoyo Departamental], que es la fuerza de choque para estos casos, Bomberos y una ambulancia. Del GAD no fue necesaria su intervención efectiva, ya que a través del diálogo la fiscal pudo resolver y disminuir la situación de riesgo que había en el momento. Los detenidos plantearon a la fiscal que querían ser trasladados a una unidad carcelaria, petición a la que se accedió a la mañana siguiente en que se los trasladó a diferentes unidades carcelarias, excepto dos detenidos [a los] que estaba programado tomarles declaración, por los hechos de los cuales estaban imputados, ante el juez de garantías Diego Olivera Zapiola. Se formó causas contra todos los detenidos por daño agravado y averiguación de causales de incendio. Así está caratulado hasta el momento. La persona que pretendió ingresar la droga también fue imputada”, describió.