Legalización del aborto en la Argentina

La importancia de abrir el debate sobre una realidad que ya existe. Medio millón de abortos clandestinos por año son la causa principal de muerte materna en Argentina.

En nuestro país se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año.

En los hospitales públicos de todo el país se registran aproximadamente 50.000 internaciones por abortos al año. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. El porcentaje de mortalidad materna se encuentra por encima de la media de los países vecinos y las complicaciones causadas por abortos ocupan un importante porcentaje dentro del número. En cambio, cabe destacar que en Uruguay, desde que se sancionó la ley que legaliza la acción de abortar, se logró reducir la cifra a 0%. En la legislación argentina el aborto es un delito, excepto cuando está contemplado en las causales de no punibilidad. En la práctica es casi imposible acceder a este derecho. Si bien existe un “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino y debe ser puesto en práctica por todas las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas”, lo cierto es que a cinco años de la exhortación efectuada por la Corte, sólo nueve de las 24 jurisdicciones poseen protocolos de atención de los abortos no punibles. Otras ocho dictaron protocolos que incluyen requisitos que dificultan, en vez de facilitar, el acceso de mujeres a servicios de aborto seguro y nueve jurisdicciones no han dictado protocolo alguno. Es decir, más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921 (cifras y estadísticas aportadas por la Dra. Marcela Durrie). La aparición del misoprostol permite acceder a un aborto medicamentoso casi sin riesgo; su uso bajo supervisión médica arroja una tasa de éxito del 80%. Su costo, por encima de los $2000 pesos, se ve duplicado por quienes, a falta de receta, lo comercializan sin control en Internet. La brecha se agranda cada vez más entre las mujeres que disponen de dinero y las que no; estas últimas recurren a métodos tradicionales clandestinos sin opción. La Agencia Federal Norteamericana de Control de Alimentos y Medicamentos (FDA) aseguró que, pese a que está prohibido el aborto, en la Argentina se venden 8.000 pastillas abortivas al año (según indica la información aportada por la doctora Durrie). Podemos continuar exhibiendo cifras que estremecen, cifras que demuestran que, de una vez por todas, tenemos que afrontar el debate postergado hace más de 30 años. Diferentes voces se unen ante el pedido de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, cuyo eco permitió que se presente ante el Congreso una vez más el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Planteamos tener la posibilidad de elegir sobre la planificación de nuestra familia, tener la soberanía sobre nuestro cuerpo, recordar que se pide un aborto legal no obligatorio. Muchas de las mujeres que ponemos el tema en el tapete somos madres y otras tantas ni siquiera recomendarían abortar. Consideramos que este tema merece ser discutido con respeto; somos un país laico, sabemos que existen posiciones diversas respecto de los alcances. La ciencia y la Justicia juegan un papel esencial en la fundamentación y en la futura definición. Por ello entendemos que es sano separar entre “querer o no querer abortar” (una decisión personal atravesada por la educación, la moral, la cultura, la religión que debería ser más que respetada) y “poder o no poder abortar”. Definir políticas públicas que benefician a un país requiere poder abstraerse de las elecciones personales, para dar lugar al debate científico y, por sobre todo, jurídico. Al igual que otros temas controversiales, como lo fueron el divorcio, la salud reproductiva, los trasplantes de órganos, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, etc., hoy se pone a prueba nuestra capacidad de debatir en democracia y de asimilar los cambios que indefectiblemente resultan de transitar el camino hacia la madurez como sociedad

Giselle Acosta