Luz verde para una polémica ley

La discusión no fue extensa pero señaló un momento de la realidad política local. Propin levantó su mano pero con alguna salvedad y Unidad Ciudadana marcó la cancha, más allá del resultado de la decisión del resto de los concejales.

En la mañana del miércoles se realizó la segunda sesión extraordinaria del año, solicitada por el intendente, Martín Yeza, a fin de tratar la adhesión a la Ley 14.984, conocida como Pacto Fiscal.

Con el regreso a su banca del concejal Javier Pizzolito y la totalidad de los ediles presentes, a las 9.20 dio inicio la sesión. Como corresponde en estos casos, el primer punto del orden del día fue considerar si había urgencia e interés público para convocar a sesión extraordinaria en los términos del Artículo 68, de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), cuestión que resultó aprobada por diez votos positivos y las negativas de Gregorio Estanga, Marcela Uhrig, Carlos Conti y Claudio Galarza.

Luego, se dio lectura al proyecto propiamente dicho: Expediente Nº 4123-125/2018 C-1 caratulado: “Adhesión Ley Provincial Nº 14.984”. Proyecto de Ordenanza. Guillermo Migliorini (Propin) pidió la palabra con la intención de proponer un par de modificaciones para que su bloque acompañe. En primer término, la aclaración de que esta adhesión fue pedida por el Departamento Ejecutivo; por otro lado, establecer un plazo para la adhesión, para que no supere la actual administración. Las modificaciones fueron incorporadas en un cuarto intermedio, y aprobadas nuevamente por diez votos positivos y la negativa del bloque del FPV.

Antes de someter a votación el proyecto de ordenanza, Estanga pidió la palabra para aclarar que, si bien Pinamar ha avanzado mucho en la cuestión de transparencia, y consideraba que muchos aspectos de esta ley son positivos, lo que veía con preocupación es la autonomía que, según la interpretación de su bloque, se estaría perdiendo al adherir a esta norma, y que se le estaría colocando un cepo al gasto corriente de cada municipio, quitándoles poder de decisión a los concejos deliberantes.

Por otro lado, el edil cuestionó la autoridad de aplicación, que es en definitiva el Ministerio de Economía, que además de ser un técnico es un actor político, por lo que serán políticas las decisiones que tome.

A continuación, pidió la palabra la concejal oficialista Camila Merlo para aclarar que la autonomía municipal, consagrada en la Constitución, es solo un principio que depende de lo que el poder constituyente de cada provincia estipule, por lo que la adhesión a esta ley provincial no sólo es constitucional sino que además es correcta.

Desde el FPV, la concejal Uhrig planteó que esta ley implica ajuste, y su bloque jamás acompañaría una profundización del ajuste. El concejal Conti aportó, además, que este tipo de norma, en un municipio que cumple con los estándares de transparencia, no viene a resolver nada, sino a unificar criterios con otros municipios que nada tienen que ver con el nuestro.

Finalmente se sometió a votación la adhesión y resultó aprobada por diez votos positivos y la negativa del bloque del FPV.

Pero hubo conceptos que quedaron flotando. Basta recordar que esta misma semana la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar (STMP), Sonia Valent, dijo desconocer en todos sus alcances la nueva norma y que le preocupaba el poco tiempo con que contaban para hacer un análisis más profundo de la posible adhesión a la ley.

El presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Gregorio Estanga, señaló de manera rotunda: “Sentimos que nos toman el pelo cuando esta ley pretende el sometimiento fiscal a cambio de recibir las transferencias provinciales y nacionales. Sentimos que nos toman el pelo cuando nos dicen que no se pierde autonomía y la ley expresa claramente que se necesita el visto bueno de la autoridad de aplicación para realizar una compra a plazos o la utilización de un leasing. Sentimos que nos toman el pelo cuando, aquellos que se endeudaron a nivel record en dos años, en los diferentes niveles de gobierno, hoy le exigen al Municipio equilibrio fiscal. Sentimos que nos toman el pelo cuando el DE manda un proyecto tributario con el 33% de aumento y cuando nosotros, aun dando dos puntos más (17%) por encima del proyectado por el propio Presidente de la Nación (15%), somos sometidos al escarnio con la extorsión que iban a echar trabajadores, nada más y nada menos, del Hospital Comunitario”.

Si bien Marcela Uhrig estuvo de acuerdo con sus pares, argumentó: “La decisión de acompañar o votar en contra esta ley, que es una modificatoria de la existente (Ley 13.295), nos plantea dos interrogantes: si no votamos la ordenanza, van a decir que ponemos palos en la rueda y producimos recorte en la obra pública; y, si acompañamos esta adhesión, es una manera de acompañar los despidos y el ajuste. Por eso ‘sentimos que nos toman el pelo’ al someternos a la trampa sobre una decisión que en el fondo esconde un modelo de país desigual al que nos quieren llevar. Unidad Ciudadana siempre mantendrá la coherencia de no acompañar leyes que profundicen el ajuste y vayan en contra de los trabajadores”.

La docente y militante, además, añadió que se debía ideológicamente a quienes la habían votado, un rasgo de congruencia en los cambiantes senderos de la provincia.