La actuación de los encargados de controlar el expendio de bebidas alcohólicas y situaciones derivadas de su comercialización ha creado cierto malestar entre los infraccionados, ya que en algunos casos se suscitaron situaciones tensas, producto de cierto maltrato y abuso de autoridad.

La situación, es de destacar, se ha desenvuelto en un clima económicamente adverso para quienes tienen sus comercios abiertos todo el año y esperaban algo más de una temporada magra y por considerar que los gravámenes que pesan sobre la actividad se hacen cada vez más difíciles de cumplir, cuando no excesivos.

Hay un relato común a todos los damnificados o infraccionados, según el parámetro de justicia que uno entienda que se debe aplicar. Básicamente se trata de la irrupción en el comercio de varios representantes de organismo provincial que de manera autoritaria solicitan documentación para posteriormente verificar la existencia de alguna infracción.

En un par de casos, no obstante haber contado con el permiso para comprar y comercializar bebidas alcohólicas, la discrepancia se plantea ante lo que entienden una variante en la titularidad del permiso. A pocas horas de haber recibido la visita, los comerciantes ya han consultado a un abogado para que actúe de inmediato y deje sin efecto la medida.

El contingente de funcionarios asiste acompañado por efectivos policiales que no son del Operativo Sol, según manifiestan algunos comerciantes, y da la pauta de que se trata de una puesta en escena donde el punto máximo de la trama es el del decomiso de bebidas.

¿Qué se persigue con esta medida? No apunta a dejar sin alcohol al infraccionado, ya que el decomiso afecta una parte de las existencias del comercio en cuestión. ¿Bajo qué patrón de conducta se elige tal o cual bebida? En ningún caso existe una tabulación que diga si la infracción equivale a dos Tía María, tres botellas de fernet y una caja del mejor vino, por citar una absurda hipótesis.

El concepto de labrar un acta de infracción se tendría que corresponder con la verificación de un ilícito, de la transgresión de una norma, pero los inspectores del Reba se ocupan muy bien de manejar a su arbitrio los potenciales y la mágica palabra “presunta”. Ante esta circunstancia, los intervinientes que esgrimen descaradamente su poder de policía no tendrían que decomisar ninguna mercadería.

Ingresar a un comercio a las cuatro de la tarde y querer infraccionar a alguien por la exhibición de botellas de vino es un tamaño desatino. Nadie ha visto que en un restaurante el dueño guarde bajo llave las botellas de un malbec o de un chardonay, que además de formar parte de la existencias del negocio le confieren un toque estético infaltable en cualquier espacio gastronómico.

Mientras esto ocurre, muchos menores de edad, quienes caminan un poco la noche pinamarense, determinan dónde pueden comprar a cualquier hora la bebida que se les ocurra. Mientras alguien se enriquece, otros pagan impuestos o deben soportar el atropello de quienes, por haberles sido conferida una mínima cuota de autoridad, muestran a las claras su condición como personas.