La recolección y transporte de desechos urbanos es el principal contrato de cualquier municipio y su buen o mal funcionamiento marca el termómetro social sobre la gestión de los intendentes, también es un negocio millonario, que tiene como base unos $630 millones de pesos por año con una cláusula de indexación cada 4 meses.

El intendente Martín Yeza envió al Concejo Deliberante las nuevas bases y condiciones del servicio de recolección de residuos, que será por seis años con posibilidad de extenderlo por dos años más y pacta un aumento entre el 120 y el 160%. Además de lo económico, que condicionará a las próximas dos gestiones, abre interrogantes sobre el tratamiento y el cuidado del medio ambiente.

El aumento está muy por encima del índice de inflación, del aumento de tasas y de las paritarias municipales. Desde 2015 el contrato para la recolección tiene un aumento acumulado del 2.000%. Tras los primeros análisis, concejales opositores coinciden en que la calidad del servicio también se verá afectada y sostienen que “en lugar de extenderse, se sacan servicios”.

Los ediles también señalan que luego de la derrota del oficialismo en las PASO, en noviembre del año pasado, el intendente Yeza prometió la continuidad de la empresa privada por siete años, a días de las elecciones generales en un encuentro con representantes de camioneros y trabajadores. Por lo que el pliego que se pretende aprobar respondería a una promesa de campaña.

El grupo Santa Elena, actual concesionaria de la recolección en Pinamar, controla el servicio en cinco municipios de Mendoza, tres en la provincia de Buenos Aires y del municipio de Río Grande en Tierra del Fuego.

Pliegos gratis

El intendente determinó que el acceso al pliego licitatorio sea gratuito. Como mínimo debe haber tres oferentes y la compra podría ser del 0,3 al 0,5% del valor del contrato, lo que significaría una perdida de ingresos al municipio de entre 54 y 60 millones de pesos.

Pero de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, el gobierno podría cobrar el pliego hasta el uno por ciento por oferente, lo que representaría una pérdida de 189 millones.

Opositores consideran que la medida responde a “blanquear ofertas poco serias para que la actual operadora continúe con el servicio”.

Mantener los puestos de trabajo

Desde el Partido Justicialista local desmintieron las versiones de municipalizar el servicio tras el rechazo del gremio de camioneros liderado por Pablo Moyano. Los concejales del peronismo aseguraron que hay una cláusula vigente para que la empresa que gane la licitación mantenga los actuales puestos laborales, manteniendo las mismas condiciones laborales.

La empresa adjudicataria deberá absorber a los trabajadores y respetar la antigüedad. Concejales llevaron tranquilidad a las familias, y aseguraron que no están discutiendo la municipalización de la basura ni en el Consejo Deliberante, ni en el PJ.