El Código de Ordenamiento Urbano (COU) sigue dando que hablar. Esta semana fue en la Comisión de Asuntos Legales, dado que dos bloques presentaron una alternativa para resolver la problemática de los comercios fuera de zona, y por lo que se había presentado en su momento un proyecto de resolución suspendiendo las clausuras hasta que se concrete la actualización del COU y, como se pasó a comisión en dos oportunidades, la idea fue resolverlo en legales y poder tratarlo en la sesión.

La patada inicial la dieron Juan José Dos Santos y Gregorio Estanga, quienes fueran los impulsores del proyecto de resolución original y se debatió con otro presentado por el bloque Propin, ya que la gran cuestión a discutir la representa la legalidad de una suspensión de la norma hasta que se resuelva la modificación del COU, sobre todo porque no se sabe cuándo podrá suceder esto. No hay que olvidar que, más allá de todos los pasos que se deban cumplir en Pinamar, luego deberán pasar por la Provincia de Buenos Aires, instancia en la que el proyecto pasará por una nueva revisión. Esto quiere decir que la aprobación de un nuevo código de ordenamiento podría confirmarse mucho más adelante.

El conflicto surge entonces a raíz del reclamo de varios locales que han sido clausurados en forma reiterada, mientras que otros nunca fueron visitados por las huestes de Fiscalización, por lo que se observa una clara discrecionalidad a la hora de las inspecciones. Y es por esto que el ala peronista del HCD se inclinó por una suspensión de las clausuras, aunque no todas tan drásticamente, porque Juan Ocampo prefirió convocar a los funcionarios para conversar con los responsables de Inspección, para saber cuál es la mecánica a la hora de inspeccionar, una medida bastante más tibia que la de su socio de bancada. Desde Propin, tampoco hubo acuerdos, mientras Guillermo Migliorini proponía que sea el aspecto socioeconómico de las familias el que defina una contemplación para ofrecer un tiempo perentorio para que se readecuen a la norma y que se brinde contención y guía desde el Ejecutivo para lograrlo. Martín Viotti aclaró que existiendo una ley de excepción como la de plusvalía, en la cual está prevista una exención de su pago mediante informe socio-ambiental, con la que se podría resolver estas situaciones, no avalará ninguna suspensión de una ley, dejando clara su postura legalista al respecto.

La presidente del Concejo Deliberante, Mercedes Taurizano, también fue de la partida, esgrimiendo que debían derogarse los tres decretos aprobados por el HCD, en los que se rechazaban los pedidos de excepción de los tres locales que más cantidades de clausuras han padecido y los que dieron origen al proyecto original, tratando de desviar la cuestión del conflicto que surgiera en la sesión y que, tras pasar por la Comisión de Legales, aún no ha logrado acuerdos.

En definitiva, no hubo consenso en ninguna de las opciones, por lo que la sesión será la que defina este conflicto, en el que el voto a voto decidirá el destino de estas tres familias cuyos comercios, aunque fuera de zona y sin habilitación, son su fuente de ingresos.