Mientras avanza la investigación judicial a empleados municipales por “defraudación en perjuicio de la administración pública”, el Banco Provincia intimó en las últimas horas al intendente Martín Yeza a “reintegrarle inmediatamente” al Ministerio de Desarrollo de la Nación los 2 millones de pesos desviados en la maniobra fraudulenta.

La entidad bancaria envió una carta documento fechada el 20 de julio de 2021 y lleva la firma de su presidente, Juan Cuattromo, quien asumió en el cargo en octubre de 2020. El Banco exige que el municipio “debería responder ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reintegrando los fondos públicos involucrados” en la estafa de las tarjetas.

“Se intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de la suma de fondos públicos involucrada que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $ 2.050.990”, reza el texto.

Además, aclara que el reclamo será sin perjuicio de la cifra que pudiera resultar de la investigación en curso, con los costos e intereses a determinarse, “bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”, concluye el documento.

La causa penal, que se inició en marzo de este año a raíz de allanamientos en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Pinamar, continua su curso.
El pasado 22 de junio, la Justicia dictó el procesamiento de una empleada municipal y 4 cómplices por la estafa. Una de las procesadas es Andrea Ríos, de 52 años, secretaria privada de Nora Ponce, quien fue desplazada de sus funciones en el municipio.

La Justicia también imputó por estafa y asociación ilícita al esposo de Ríos, José Fons, y tres presuntos cómplices involucrados en la maniobra de desvío de fondos de las 250 tarjetas: Nicolás Ambao, de 47 años, Carlos Rosas, de 51 y Diego Borea, de 40.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción del Departamento Judicial de Dolores solicitó las detenciones y desde el Juzgado de Garantías N° 6 de Villa Gesell dispusieron los procesamientos de los 5 sospechosos. Sobre Ríos, Fons y Ambao se dictó la prisión preventiva y se dispuso un embargo de 10 millones de pesos.

Según detalla la causa judicial, Andrea Ríos se apoderó de al menos 55 tarjetas, quien esquivó las imputaciones aduciendo que en un momento dado “la caja con las tarjetas quedó debajo de la escalera ‘a disposición de cualquiera’”.

Sin embargo, la justicia determinó que por acción de Ríos las tarjetas llegaron a manos de su marido, quien -junto a los demás involucrados- generó operaciones a través de posnet para realizar el vaciamiento de las tarjetas.