Las comisiones de la semana culminaron con Legales y Presupuesto, cada una de ellas con temas relevantes. En la primera se recibió a representantes de la Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) por la nota de Pablo Brítez, un guardavidas cuyo puntaje por localía fuera obviado por la Dirección de Seguridad en Playa, debido a que cambió de lugar de residencia (fuera de Pinamar) durante un par de años, y por diferencias de criterio a la hora de interpretar la ordenanza que reglamenta la actividad. Para conocer la opinión de la AGP es que se los citó. Fernando Espinach, su secretario gremial, comentó que no fue el único, que se trabajó en el último año con el Ejecutivo, y que el artículo en cuestión dependería de la voluntad del funcionario que lo aplique. Se entiende que cualquier elemento probatorio serviría para acreditar los años de localía; por eso se evalúan opciones para que esto quede asentado: una reglamentación del Ejecutivo, un proyecto de resolución del HCD, o una modificación de la ordenanza. Otra cuestión planteada fue si el puntaje de localía puede o no ser discontinuo. En definitiva, se plantea la modificación de la Ordenanza 4663/15 cuyo artículo 22 inciso C quedaría así: “Para la acreditación de los puntos del artículo 22 inciso C tendrá validez todo instrumento público que fehacientemente compruebe la localía”, opción por la que la AGP se inclinaría, ya que esto ya lo ha planteado en el DE, con el que se había consensuado que la corrección de la norma se realice a través del HCD.

De esta manera, se decide que a la brevedad se realice una modificación de esta ordenanza, que fuera tan discutida y analizada y que hoy es pionera en su tipo, a fin de dar mayor seguridad a quien deba implementarla.

Otro de los temas debatidos en Legales fue el presentado por los concejales Lucas Ventoso y Gregorio Estanga por la embolsadora de carbón a granel que se ubica en Giachino y Pedro de Mendoza. Ventoso comentó que han violado la faja de clausura dos veces, y que está denunciado en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) porque contamina a la población circundante, mientras que Estanga explicó que la denuncia fue hecha hace un año y que se lo ha planteado al titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) desde ese entonces, que si bien se ha intentado la clausura, sigue funcionando. Para concluir el tema el concejal Ventoso propone reunirse con el titular de Fiscalización y OMIC para analizar el caso.

La comisión de presupuesto se abocó al tratamiento del expediente 4123-1255/13, en relación con el informe hecho por el bloque de Propin sobre la ejecución presupuestaria en publicidad estatal, realizado a través del módulo de compras de la Rafam y de la contestación del titular de Prensa a la comunicación 3315/16. Se explicaron los elementos analizados y los resultados encontrados, los que arrojan un incremento superior a la inflación (más del 200%). En función de lo analizado, el bloque Propin propone impulsar una ordenanza que incluya estos puntos: 1) Montos máximos de pauta publicitaria por medio; 2) Asegure que los medios locales de comunicación (radios y portales web) reciban con criterios equitativos las contrataciones estatales en materia publicitaria y se eviten los monopolios; y 3) Obligue a que las adecuaciones presupuestarias que excedan en un porcentaje determinado lo presupuestado deban realizarse con la previa autorización del Concejo Deliberante. Si bien hasta allí se observa en la información oficial, esto parecería ser una “curita” en una herida grave. Habrá que ver si la oposición hace uso de este informe en medio de la campaña o si se mantiene en su versión más sutil, como ha hecho hasta ahora.