Fernando Ávila, director de Vivienda y Hábitat de la Municipalidad, vivió una experiencia desagradable donde involuntariamente podría verse implicado en un conflicto legal.

El propio funcionario cuenta cómo fueron los hechos que comienzan con una posible estafa en la venta de un lote de terreno en Ostende.

Ávila pormenoriza la primera parte del problema: “Días pasados, me llama un vecino muy preocupado que trabaja como policía, contándome que se presentó una persona en su casa diciendo que era el dueño de ese terreno y que los iba a denunciar. Él no estaba presente; estaba la mujer y se quedaron muy preocupados. No es algo menor, entonces se comunica conmigo, a lo cual le digo traeme toda la documentación que vos tenés de cuando compraste y veamos en qué situación estás. Cuando trae la documentación, había un boleto de compraventa. No solamente había comprado a una persona sino que, además, había sacado de un juicio, porque esto estaba en apremios de la Municipalidad. Había pagado los honorarios a Oricchio, quien era el asesor letrado de la Municipalidad, que fue quien firma el recibo, y le dijo ‘estás comprando bien’, quien monopolizaba este tipo de situaciones y cobraba por fuera de sus funciones los honorarios como abogado. Un funcionario municipal le dijo que estaba comprando bien y esta persona lo creyó. Sacó el terreno de un juicio, pagó los impuestos y empezó a construir su casa y ahí vive con su familia pero la realidad es que cuando veo el boleto de compraventa noto una sospecha porque no está acompañado de un informe de dominio, de una escritura precedente que indique que el que le vende es el dueño, a lo cual da la sospecha que no es el titular y le tuve que decir que me parecía que no era el dueño del terreno y muy posiblemente la persona que había ido a su domicilio sí lo sea porque, si no, no lo iba a denunciar. Es una noticia que no es fácil dar. La mujer se puso a llorar, se pusieron muy mal, traté de calmarlos. En estos casos nosotros lo que logramos es acercar las partes, que el titular dominial que tiene su derecho sobre el terreno acceda a venderle el terreno, que lo había comprado pero lo había hecho mal”.

Ante lo que podía ser una compra de buena fe pero sin validez, Ávila intenta un acercamiento de las partes involucradas. Un paso está dado, ya que el presunto estafado acepta pagar lo que corresponda, muestra una actitud de regularizar la situación.

“Él estaba de guardia en ese momento entonces, voy yo a la fiscalía para obtener los datos de la otra parte para ver si logramos una comunicación. Me atiende Rocío Montes. Me presento con mi cargo y que ante este caso quería que las partes se encontraran para evitar un conflicto legal que sabemos que es costoso y engorroso. La primera respuesta fue muy agresiva, y me dice: ‘Esto se maneja por manos de la Justicia. Acá hay una denuncia y esto va a ir por vía judicial’. Entonces le digo: ‘Evitemos eso, para beneficio de las dos partes’. O sea, no me pongo ni de una parte ni de otra. Y me dice: ‘No. Acá hay un delito cometido por un funcionario (porque él es policía) y va a tener que pagar con todo el peso de la ley’. Entonces le digo que desde mi punto de vista no hay un delito cometido, en todo caso esta persona fue estafada, en todo caso es una víctima, y hoy está tratando de solucionar su situación. Nuevamente de manera muy agresiva, me responde que esto va por manos de la Justicia”, describe Ávila, al comentar la segunda parte del conflicto.

Según el funcionario, la empleada de la fiscalía habría intentado culparlo de un maltrato inexistente y hasta habría tratado de coaccionar a una persona, presente en el momento del intercambio de palabras, para que testificara en contra de Ávila.

Hoy el funcionario aspira a lograr solucionar el conflicto entre ambas personas: el legítimo dueño y el presunto comprador. Por otro lado, apunta a que se mejore el trato al público en la fiscalía que llegó no hace mucho como una herramienta apta para solucionar temas de ocupaciones ilegales, pero que hasta ahora se ha manejado con un hermetismo inusual.