Circunstancias extrañas y preocupantes rodean a la actualización del Código de Ordenamiento Urbano (COU), una modificatoria en la que todos los sectores coinciden pero donde hay gruesas discrepancias en cuanto a los pasos a seguir. Lo cierto es que el modelo propuesto desde la presidencia de la Comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante ha merecido una serie de reparos por parte del concejal Lucas Ventoso, en primera instancia quien desde el inicio del proceso ha manifestado que se deben cumplir los pasos que prevé la ley, que consisten en las evaluaciones ambientales y en una convocatoria a asamblea pública.

La posición del concejal radical, hoy como integrante del bloque de Cambiemos, se hace fuerte en que en su momento la Secretaría de Planeamiento emitió un dictamen negativo contra el proyecto que propugna el arquitecto Augusto Urrizola. O sea, la voz cantante y autorizada del Ejecutivo ha desaconsejado seguir adelante por esa vía.

A esa presentación le siguió otro escrito con la misma intención de interrumpir el proceso, firmado por los arquitectos Ramón Uranga y María Celeste Siccardi, delegado Pinamar-Madariaga y coordinadora IEU-Área Norte, respectivamente, ambos en representación del Colegio de Arquitectos, Distrito IX. La nota ingresó al Concejo el primer día de agosto y fue registrada con el número 1418.

La otra nota con el mismo espíritu fue ingresada por el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires en la misma fecha; en este caso firmaron los técnicos Alejandro Dematteis y Diego Peláez en representación de la entidad que los nuclea.

Ventoso VV

Ventoso fue el encargado de llevar, en soledad, adelante el reclamo vía debate en el legislativo. Algunos profesionales anoticiaron a este medio sobre la gravedad del hecho y prefirieron canalizar su accionar a través de sus respectivos colegios. El resultado está a la vista. Hasta que, con fecha 10 de agosto, ingresó un nuevo documento redactado en conjunto por técnicos y arquitectos, seriamente preocupados.

A esta altura y luego de una pretendida inclusión del tema en el orden del día de la última sesión, consultamos al arquitecto Ramón Uranga y al técnico Alejandro Dematteis.

El arquitecto fue el primero en expresarse: “El proceso tendría que ser abierto a todas las instituciones comunitarias con las problemáticas de cada localidad. La gente tiene que saber cuál es la situación real de Pinamar, tanto desde el punto de vista de la infraestructura y ambiental, para qué se quiere modificar el código, para qué se lo quiere aggiornar, y queremos hacer un gran equipo comunitario, el Ejecutivo, el HCD y las instituciones, trabajar mancomunadamente. Para esto hay que tener voluntad de generar consenso. Hoy, tal cual está el trabajo, los consensos son muy parciales y faltan instancias de participación, que se las quiere pasar por alto o se argumenta que se hicieron pero no se hicieron como debe ser. Es a raíz de todas estas situaciones que nosotros hacemos un planteo en referencia a que hay normas provinciales con las cuales hay que cumplir, como es el tema de la audiencia pública o los estudios de impacto ambiental [EIA], como es el tema de trabajar de forma conjunta con la Dirección de Ordenamiento Urbano, que es la que en última instancia aprueba esto y a partir de esa aprobación entra en vigencia la norma. Y después está la discusión que se tiene que dar la comunidad sobre esa modificación. Cada vez estamos más condicionados porque vamos creciendo desordenadamente, sin infraestructura y cada vez los compromisos son mayores”.

Por supuesto que hay quienes quieren dar una respuesta rápida al tema mientras que los colegios tienen una visión más territorial, más a largo plazo, entienden que es necesario pensar en las generaciones venideras. Manifiestan que no se puede decidir sin cumplir con las normas técnicas.

Dematteis señala que hasta ahora han adquirido un conocimiento relacionado con lo que les mostraron, ya que nunca tuvieron la totalidad del expediente en sus manos. Ello no quitó que se sumaran al debate respondiendo a las invitaciones cursadas oportunamente.

“Vemos algunas cosas que por lo menos nos llaman la atención, más allá de que somos conscientes de que el COU hay que modificarlo, necesita una actualización, tiene muchos años. Hay muchas cosas arregladas en el Concejo a través de las enmiendas que se hicieron por las excepciones y esto hay que reverlo. Por otro lado, entendemos también que hay un trabajo, como dice Uranga, de hace cuatro o cinco años, del que participó mucha gente que con mucha voluntad puso su esfuerzo. Tal como él dice, busquemos el consenso y una determinada apertura. Pero yo desde mi punto de vista veo algunas cositas más graves. En el momento en que la Secretaría de Planeamiento hace el informe yo voy a estudiar las leyes, la 8912 y la 11723 (de impacto ambiental) y me encuentro con que hay una observación medio soslayada a lo que dice la ley y, como se está desarrollando la última parte del proceso, me pregunto por qué. Porque, como todos saben, el HCD quería subir el tema para que sea tratado en la última sesión y convocar ya a una audiencia pública. Al respecto, la Ley 11723 es muy específica y dice que hay que pedir el EIA previo. Las prestadoras de servicios nos tienen que decir qué capacidad tenemos para instalar gas, cloacas, agua y luz. Y voy a poner un ejemplo claro. Si durante tres años no tenemos gas natural, los edificios que se hagan van a ser duales, y si durante ese lapso hay inversiones, hay que ver si CALP está preparada para dar el servicio si nosotros aumentamos las densidades, o explota todo. Hay que pedir los informes que forman parte de todo este proceso”, alerta el técnico.

En relación a la Ley 8912, esta norma dice que el proyecto debería ser avalado por lo menos por la Secretaría de Planeamiento, un área especial para manejar y llevar adelante con la Provincia todo este tipo de cosas.

Otro dato a tener en cuenta con relación a la carga. Vale recordar que el geólogo Leandro Rodríguez Capítulo, en su trabajo de tesis, habló de que Pinamar estaba consumiendo el agua geológica. En un ligero análisis, Dematteis, luego de aclarar que se trata de su criterio personal, considera que se está realizando el proceso inverso. Esto nace en el Centro de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros de Pinamar (CAAIP); de ahí tiene una apertura profesional. “Yo creo que estamos en el momento de encauzar la situación, pedir los informes técnicos y proceder en consecuencia”. Por consiguiente, el técnico se asombra de que los estudios hayan sido hechos por profesionales particulares y sin la homologación del Ejecutivo a través de Planeamiento. Y prosigue con su propuesta: “Encaucemos la cosa, pasémoslo a Planeamiento. Hacemos la apertura de todos los informes técnicos para que en la evaluación estén, que se consulte a la Provincia, se abra a la comunidad, realizamos la audiencia pública y luego se baja al Concejo para votarlo cuando esté todo aprobado. ¿Es muy loco lo que estamos pensando? No. Es el camino correcto que indican las leyes”.

Uranga agrega: “Es un tema que si se trabaja se puede hacer en dos o tres meses, no mucho más. Además, no se puede modificar un código sin hacer participar a esa población con su opinión, sus actividades y todo lo concerniente”.

El COU tiene 30 años. En caso de actualizarlo corriendo riesgos innecesarios, se pueden producir daños irreversibles, la modificación está regida por leyes provinciales, o sea, por encima de cualquier ordenanza. Es más, de no seguirse los lineamientos legales, cualquier persona puede pedir su anulación en un juzgado territorial.

“En realidad, el código es una parte, acá lo que hay que planificar es el partido con una visión estratégica a largo plazo. Uno lo que tiene que hacer es alumbrado, cordón cuneta, obras de equipamiento, el tema social, contención, tanto en Ostende como en Valeria. Una localidad con gastronomía y hotelería en franco crecimiento. El urbanismo no se agota en el código”, aclara Uranga.

Sobre el cierre de esta edición, Prensa del HCD publicó en relación a la Comisión de Planeamiento y su reunión del martes 15: “En la mañana de hoy se reunió la comisión de Planeamiento la que dio inicio con el comentario de Augusto Urrizola sobre una conversación mantenida con el Jefe de Gabinete, quien se comprometió a entregar en los próximos días tres informes, uno de Rodrígues Capítulo, sobre la situación hidrogeológica del Partido; otro de Enrique Sánchez, de la situación ambiental y otro certificando la pre factibilidad de servicios en los lugares en los que se amplían indicadores; por otro lado, frente al requerimiento en las cuestiones legales de este proyecto, se le pedirá dictamen al Asesor Legal del Municipio y por otro lado a Asesoría General de Gobierno. Por todo esto, se decide que el expediente quedará en la comisión de Planeamiento, sin que esto implique que cualquier concejal pueda pedirlo para su análisis; y que recién cuando estén estos informes se someterá a tratamiento la actualización del COU”.

Es evidente que el gobierno ha tomado el toro por las astas, luego de esperar que pasen las PASO y lejos de tener una repercusión electoral. Por lo demás, la actitud y el reclamo de los profesionales quedan validados por lo expresado en el parte de prensa.