Hace unos días, el Ejecutivo le solicitó al Concejo Deliberante que adhiriera a una ley provincial, conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal, que básicamente establece objetivos fiscales a los municipios para acceder a más fondos provinciales (te tienen cortito y al pie).

De esta forma se garantiza el acceso a más recursos para el Municipio y se busca equilibrar y dar transparencia a las finanzas locales, pero sin condicionar a la administración que los vecinos elijan en 2019, ya que la adhesión rige hasta que finalice el mandato de Iván.

Esto, entiendo que obedece a la política del Gobierno nacional de recortes de estructura, acompañada de una fuerte bajada de línea a los intendentes de Cambiemos de hacer lo mismo (al fin, muchachos, pero no se olviden de los suyos). Lo único que no entiendo es por qué mis amigos del Pro hacen benchmarking peronista y copian sus costumbres. Hacer política con los más necesitados, ya que afectan el sector de salud al restringir el Servicio de Emergencia de la Sala de Valeria. Esto está en el tomo I del manual peronacho.

El oficialismo justifica tal recorte, debido a que el HCD no le aprobó el aumento que se pretendía para poder tener un Municipio operativo. Es por esto que estamos viviendo jornadas de protestas y manifestaciones de empleados y vecinos que se ven perjudicados por estas medidas (a decir verdad, eran cuatro gatos locos).

¿No podrían haber recortado el área de Tránsito? ¿O Planeamiento? ¿O las vacaciones de Canitrot en Acción Social? Vamos, muchachos, más sensibilidad.

Ahora bien, faltan 50 millones de pesos para poder equilibrar las cuentas. Lo que analizo es lo siguiente. En 2015, cuando asumió Iván, Pinamar tenía un gasto por habitante 60% superior al promedio de los municipios de la Provincia. Los ingresos municipales fueron cerca de 380 millones. El año pasado llegaron casi a 850 millones. Es decir los ingresos superaron la inflación promedio, sin embargo sigue sin alcanzar el dinero. Tenemos un incremento de 120% en la recaudación, pero nunca alcanza.

Si analizamos que el 70% del presupuesto se va en sueldos, podemos ir dilucidando cierta realidad. Este gobierno municipal aumentó un 4% los gastos en las partidas de personal municipal, que equivale casi a 40 millones de pesos. O sea, ahí tenemos un punto para discutir. A eso debemos sumarle también la exorbitante suma que se le paga a la recolección de residuos, donde casi se triplicó el gasto, y la verdad que no se observan grandes diferencias. Estamos mejor, pero no para pagar 100 palos por año. El mensaje es: morite en la puerta del hospital, que el camión de Santa Elena te levanta. Sale Salud, entra basura.

El Estado está sobredimensionado en cantidad de gente. En estos años, en lugar de tratar de capacitar a la gente que tenía, lo que se hizo fue incorporar para favorecer a una fracción política (best seller K) y establecer estadísticas engañosas en relación a la generación genuina de trabajo (planes, subsidios, contrataciones, empleos públicos, pokemones, todo valía con tal de tener el desempleo de los países nórdicos).

El nivel de empleo público en la Argentina está por encima del promedio de América latina, que se ubica en 12% (fundamentalista, no rompas con que en Francia el empleo público es del 40% porque evidentemente seguís con el pasaporte en blanco).

Los trabajadores públicos representan cerca del 18% de los ocupados de la Argentina. Son cerca de 3,7 millones de trabajadores que se desempeñan en el Estado nacional, provincial o municipal. La cantidad de empleados públicos creció entre 2001 y 2017 casi un 70% (pasó de 2,3 millones de trabajadores a 3,7 millones, bajo la conducción del especialista en economía, la abogada exitosa y el hijo de Franco).

Nuestro principado local no escapa a la estadística. En Pinamar tenemos cerca de 1.300 empleados (contando a las políticos del Ejecutivo, a sus siervos, a los de planta y a los que veranean en el HCD all year long). Nuestra población, sin contar las tapiocas, debe estar cercana a los 43.000 habitantes. Esta relación, si la matemática no me falla (no soy una persona de números) es de 1 empleado público cada 33 habitantes ó 3 cada 100. Lo números son tremendamente alarmantes. La estadística más aconsejable y sana para los municipios de estas características es de 1,5 ó 2 cada 100, con lo cual deberíamos tener un 33% menos de empleados. Ahora bien, claramente ningún gobierno se va a comer el sapo de tener que achicar drásticamente una estructura municipal, pero por lo menos deberían optimizarla, dejar de tomar gente y dejar de tercerizar servicios que tranquilamente podríamos hacer nosotros con el personal municipal (recolección de ramas, limpieza de calles, limpieza de playa). Todo es plata.

Pero el problema no se trata solo del desvío de un Estado sobredimensionado, con irregularidades en las contrataciones, sino de los “ñoquis”, que hacen que se pierda eficiencia en la utilización de los recursos. No podemos tener un Estado enorme que nos traiga déficit. Hoy tenemos el 80% de lo recaudado que se va a sueldos. ¿Qué pretenden hacer con el presupuesto? No queda ni para el pan dulce de Navidad.

Del HCD ya hemos hablado, con su holgado presupuesto de más de 25 millones de pesos anuales para las 35 personas que lo integran, muchas de las cuales son asesores poco calificados (punteros, en realidad) de los que no podés obtener nada útil y se llevan más de 30 lucas por mes, lo que representa al año casi 6 millones de pesos. Deberían ser ad honorem, a ver quién queda.

Recordá que hoy tenemos en nuestro país 4,5 millones de trabajadores que están en la informalidad y 1,5 que están desocupados. A su vez, la mitad de la población con ingresos percibe menos de $11.000 mensuales, siendo $15.000 la línea de pobreza. Analizá estos números y también analizá cuánto ganás vos todos los meses con todo lo que trabajás.

Te digo que recuerdes esto cuando pienses que hay personas en el Municipio con costos superiores a los 100 mil pesos mensuales (no menciono a Iván porque se merece lo que cobra), secretarios privados sin ninguna calificación con más de 50 mil pesos de sueldo, enlaces legislativos que están buscando trabajo con 60 mil pesos mensuales, pero no hay plata para la salita de Valeria.

Todo esto solamente me hace pensar qué clase de Estado queremos si destinamos la mayor parte de nuestro presupuesto a gastos sin contraprestaciones o bien sin justificativos que lo ameriten en un gran porcentaje.

No estoy en contra del empleo público, ya que es una fuente traccionadora de la economía local, fundamental para municipios chicos como el nuestro, pero cuando ves que un municipio está dormido, deteriorado y que tenemos los problemas que podemos observar en el día a día, ver que se despilfarre el dinero así, duele, molesta. El problema es que hoy Pinamar justifica su situación con 50 millones de razones.