Así fueron las operaciones fraudulentas de las tarjetas Alimentar

A medida que avanza la investigación judicial sobre la causa de las tarjetas Alimentar, se desprenden nuevos detalles de la estafa que causó una ola de indignación en Pinamar. Al momento, los seis acusados continúan detenidos a la espera de una resolución que determine sus responsabilidades en la maniobra fraudulenta.

En el allanamiento del jueves 18 de marzo, la Policía Federal detuvo a seis personas -dos de ellas empleadas municipales-, y desde entonces continúan a disposición de la justicia. Se los investiga por “defraudación en perjuicio de la administración pública”, ya que habrían desviado a sus cuentas personales una suma total de $2.092.000 de tarjetas Alimentar que no fueron entregadas.

Se trata de Andrea Ríos y Cecilia Pecarrere (empleadas municipales que tenían vínculo con las tarjetas), José “Pepe” Fons (pareja de Ríos), Fabián Rosas, Diego Borea y Nicolás Ambao.

Según pudo saber Pionero, las tarjetas eran sustraídas de la dirección de Desarrollo Social por Ríos (Nora Ponce, ex directora del área encargada del resguardo, afirmó que Ríos tenía la llave de la oficina) y Pecarrere. Las mismas eran entregadas a Fons, quien a su vez se las confió a Ambao y Rosas, ya que mantenían vínculos personales y comerciales.

Tanto Ambao como Rosas era los encargados de simular las compras por las terminales posnets, debido a que las tarjetas no podían usarse para compras telefónicas o por internet. Rosas habría realizado más de 40 operaciones por un valor de $592.000 por medio de Naranja Pos.

Por su lado, Ambao también realizaba maniobras por medio de otra persona: Diego Borea. Ambos habrían efectuando operaciones comerciales por un valor de $1.500.000 por medio de la empresa Visa.

Al momento, se informó que fueron vaciadas al menos 55 tarjetas -que no fueron entregadas a sus destinatarios- entre el 1 al 9 de noviembre.

Desde la oposición pidieron el apartamiento de los funcionarios responsables del operativo de las tarjetas (Nora Ponce, la ex directora del área, y Javier Tumas, el secretario), ya que consideran que tuvieron responsabilidades administrativas "por no controlar".

Sin embargo, desde la municipalidad expresaron que dejarán que la justicia determine las responsabilidades de los implicados -ni Tumas ni Ponce están imputados-, y aún no anunciaron nuevas medidas al respecto.