La maniobra detrás del voto de la playa (parte 1): cómo se habilitaron carpas en el Sector 8

Para entender la polémica hay que empezar por una regla que rigió quince años y por el sector al que, de golpe, dejó de aplicarse.

La regla que rigió desde 2009

En 2009, Pinamar reordenó todo su frente marítimo con una gran licitación —la Pública Nº 10/2009— que no fue solo una grilla de precios: obligó a demoler estructuras, correr paradores lejos de la línea de costa, reducir superficies y reconstruir con criterios ambientales, para recuperar playa pública. En ese diseño, cada unidad quedó con reglas fijas.

El Anexo I fijó, unidad por unidad, cuántas carpas podía explotar cada una y cuánto pagaba. Las del Sector 8 —la zona norte, unidades 42 a 46— se adjudicaron con cero carpas y el canon más bajo, 40.000 pesos. Las unidades integrales de otros sectores, que sí podían poner carpas, pagaban entre 65.000 y 160.000 pesos, hasta cuatro veces más. Traducido: el que quería explotar carpas fue a esas unidades, compitió por ellas y pagó por ellas. El que fue al Sector 8 sabía que iba por una concesión sin carpas.

Durante años el municipio hizo respetar esa regla al pie de la letra. La Asociación de Concesionarios recuerda que le negó a paradores ampliaciones mínimas —"incluso de un metro cuadrado de deck semicubierto"— invocando el pliego y las normas ambientales.

El giro: una sola sesión

El 25 de septiembre, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 7361/2026, que modifica el artículo 12 de la Ordenanza 3754/09 y abre, para las unidades del Sector 8, la posibilidad de sumar carpas. Es decir: habilita justo lo que esas concesiones no tenían y por lo que nadie compitió.

Se hizo sin llamar a una nueva licitación y sin un estudio de impacto ambiental previo del régimen. Y el ambiental no es un trámite más: la Ordenanza 4442/2014 impone el Plan de Manejo del frente marítimo, la protección del cordón de médanos y la prohibición de intervenir la duna primaria, y la Ley provincial 11.723 exige que la evaluación ambiental sea previa a autorizar cualquier actividad que pueda afectarlos. La contradicción es la que marca la Asociación: si el pliego y el ambiente impidieron durante años lo menor —un metro de deck—, una ampliación de esta magnitud debería requerir, con más razón, licitación y estudios.

El proyecto pasó por la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, que preside el concejal Fernando Ávila. La excepción no nació de una revisión general del Plan de Manejo: se apoyó en solicitudes ya presentadas por paradores. El propio texto de la ordenanza dispone que los pedidos "actualmente en trámite" se adapten al nuevo régimen. Para la Asociación, ese orden lo dice todo: "Primero se presentan solicitudes que no encuentran respaldo suficiente en las condiciones vigentes y, posteriormente, se promueve una ordenanza destinada a crear la habilitación que aquellas peticiones no poseían".

La ordenanza se aprobó con ocho votos afirmativos, cuatro negativos, una abstención y una ausencia, según la presentación de los concejales Gregorio Estanga y Violeta Saquilán; el acta oficial con la votación nominal todavía no se publicó. Ninguno de los concejales con intereses en el Sector 8 se excusó.

Quiénes quedan del otro lado del mostrador

La pregunta que ordena todo es la que hizo por escrito la presidenta de la Asociación, Marcela Crespo: antes de votar, ¿quiénes son los "beneficiarios económicos efectivos" de las unidades del Sector 8? Su presentación aclara que "no se formula imputación personal ni se atribuye conducta ilícita alguna": pide información oficial para poder controlarla.

El Enduro del Verano Beach Club, uno de los paradores del sector en La Frontera, está ligado a Rodrigo Allue, organizador del Enduro y socio del concejal Alejo Yeza en Grupo TR2 Pinamar S.R.L. Es el mismo esquema que ya llegó a la Justicia: el ex concejal Lucas Ventoso denunció penalmente a Yeza y al intendente Juan Ibarguren ante la fiscalía de delitos de corrupción de Dolores, porque Yeza votó la ordenanza que cedió gratis parte de la playa pública para el Enduro, organizado por la empresa que representa su socio. Esa causa está en trámite y rige la presunción de inocencia.

Según pudo saber PIONERO, otro de los paradores alcanzados está vinculado al entorno del concejal Juan Martín Marzullo, cuya familia conduce Constructora del Mar, una empresa que se presenta como "familiar, con más de 40 años de trayectoria en Pinamar" y en cuyos videos institucionales aparece el propio concejal. Su hermano, también parte de la empresa, es pareja de la concejala Carolina Llamazares, del mismo bloque. Yeza, Marzullo y Llamazares votaron a favor de la ordenanza.

Hay un parador más en esta historia: la UTF 42, que en junio pasó por decreto a manos de una sociedad nueva, Playa del Norte S.A., y que ya está en obra. Quiénes están detrás de esa sociedad, en la segunda parte de esta investigación.

El pedido de veto

Los concejales Gregorio Estanga y Violeta Saquilán, que votaron en contra, presentaron una solicitud urgente para que el intendente Ibarguren vete totalmente la ordenanza y se abstenga de promulgarla o ejecutarla mientras tanto. Sostienen que la norma altera las condiciones de la licitación de 2009, rompe la igualdad entre oferentes, carece de dictámenes jurídicos, económicos y ambientales previos, y choca con la Ordenanza 4442/2014 y la Ley 11.723. Reservaron acciones administrativas, ambientales y judiciales.

Las respuestas

PIONERO buscó la versión de los concejales Fernando Ávila, Alejo Yeza, Juan Martín Marzullo y Carolina Llamazares, y del Departamento Ejecutivo, sobre la excepción y los vínculos con los paradores del Sector 8. Este espacio queda abierto a sus respuestas.