Polémica por el nuevo impuesto en Pinamar: rige para turistas y vecinos

En plena competencia entre los destinos de la costa, Pinamar avanza con un nuevo cobro: la ecotasa, formalmente Tasa Ambiental. Grava la actividad de cuatriciclos, UTV y camionetas 4x4 en la zona de La Frontera —y en bajadas de Cariló y Valeria—, un parque estimado en diez a doce mil vehículos.

El esquema se activó con una reforma del Código Tributario Municipal, aprobada en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes con 17 votos a favor y el rechazo de la oposición. En paralelo, un Decreto Municipal (0104/2026) puso en marcha el registro obligatorio de estos vehículos en el Registro Único Municipal. Los aranceles se fijan en módulos: inscripción inicial, renovación anual y reposición de la placa identificatoria.

Rige para todos

La tasa alcanza por igual a quien llega de vacaciones y a quien vive en el Partido. El 14 de octubre, en la Comisión de Presupuesto, el edil Jouffré propuso eximir a los residentes; el cuerpo acordó "continuar trabajando en la confección del beneficio". Es decir: la exención todavía no existe, es un proyecto en elaboración. Hasta que no se apruebe, el pinamarense que quiera ir a La Frontera con su vehículo también paga.

"Inaplicable", según el sector turístico

El presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, Alfredo Baldini, cuestionó la medida con dureza. "Yo creo que no lo van a poder aplicar; es inaplicable", sostuvo, y advirtió que el esquema "tiene un montón de contradicciones". Entre sus objeciones: buena parte de La Frontera es tierra privada, y "que el municipio vaya a cobrar sobre el uso de un espacio privado, no lo va a poder hacer"; la falta de servicios para los miles de vehículos que ingresan; y el riesgo de que el cobro "colisione con la ley de tránsito y con derechos adquiridos". Su síntesis fue tajante: "Siempre lo mismo: plata, plata, plata… Creo que no va a resolver nada".

La doble vara

El contraste es con lo que ocurrió semanas antes en esas mismas playas. El Concejo habilitó carpas en el sector norte sin llamar a una nueva licitación, en beneficio de paradores ligados a concejales que votaron sin excusarse: Alejo Yeza —cuyo socio explota un parador—, Juan Martín Marzullo —vinculado a otro— y Fernando Ávila, que preside la comisión desde donde se impulsó la excepción. Por esa maniobra fueron denunciados penalmente, junto al intendente Martín Ibarguren.

La Cámara de Turismo lo resume en una sola idea: si el municipio hubiera cobrado lo que correspondía en esas excepciones a los paradores ligados a concejales, hoy no haría falta cobrarle al turista —ni al vecino— para costear los controles de La Frontera.

Tasa o impuesto

Hay, además, una discusión de fondo. La Corte Suprema, en el fallo "Laboratorios Raffo c/ Municipalidad de Córdoba" (2009), estableció que una tasa exige una contraprestación: un servicio concreto, efectivo e individualizado respecto de quien la paga. Cuando ese servicio individual no existe, el cobro deja de ser una tasa y se convierte en un impuesto encubierto, y los municipios carecen de potestad para crear impuestos.

Si lo recaudado financia servicios generales —seguridad, cámaras, emergencias— de beneficio difuso, y no una prestación individual hacia quien paga, el interrogante es inevitable: ¿tasa o impuesto con otro nombre? En el fondo, la discusión es sobre el Estado: en plena competencia por el turista, cada costo que debería afrontar el municipio termina trasladado al bolsillo del que viene —o del que vive— a disfrutar de Pinamar.