Talaron árboles públicos en Av. Bunge para que se vea un edificio

Los árboles no estaban en el terreno del edificio: estaban en la vereda, sobre el espacio público. Aun así los taló la constructora —una desarrolladora llegada del conurbano—, frente a su obra sobre la Avenida Bunge, para que sus departamentos quedaran a la vista. Los eucaliptos que daban sombra sobre la avenida quedaron reducidos a troncos pelados; en el adoquinado todavía se ven el aserrín y los restos. Vecinos de la zona reclamaron por la tala.

Que una empresa privada corte árboles públicos para lucir lo que vende ya es grave por sí solo. Pero el reclamo por los árboles destapa algo más grande. Ese edificio no es una obra más. A fines de 2022, el Concejo Deliberante de Pinamar aprobó un “convenio urbanístico” para el proyecto. A través de ese convenio, el municipio le autorizó a la desarrolladora construir bastante más de lo que permitía el código:

• El factor de ocupación total (FOT) pasó de 2.874 a 4.310 metros cuadrados: un 50% más de superficie edificable.

• La densidad subió de 117 a 166 habitantes: un 42% más.

• Y se habilitó un nivel más de departamentos sobre el frente de Av. Bunge.

A cambio de esos metros extra, el desarrollador no pagó al municipio en efectivo: se comprometió a una “compensación urbana” por 47,2 millones de pesos —unos 130 mil dólares al cambio paralelo de entonces—, que se salda construyendo viviendas en terrenos de dominio privado municipal, según un proyecto que define la propia Secretaría de Planeamiento. Un piso más y un 50% más de superficie sobre la mejor avenida de la ciudad, por esa cifra.

Y ahí está el origen del conflicto con los árboles. A ese terreno le autorizaron construir más de lo que su tamaño permite llevar con holgura. El edificio, entonces, se estira hasta los límites de la parcela: queda comprimido, pegado al espacio público. Los árboles de la vereda quedan encima de la obra. Y resultó más fácil cortarlos que respetarlos.

Ese mecanismo no es una excepción: es el modelo. El Presupuesto 2026 de Pinamar muestra que el municipio prácticamente no hace obra con fondos propios: la obra pública se financia casi íntegramente con contribuciones y compensaciones de privados, bajo la misma ordenanza de convenios urbanísticos que enmarca este caso. En otras palabras, el Ejecutivo dejó de construir con recursos del Tesoro y delega la obra en los desarrolladores, a cambio de dejarlos construir de más.

Hay dos puntos que la propia ordenanza deja a la vista. El primero: la Evaluación de Impacto Ambiental quedó pendiente “una vez aprobado el Convenio Urbanístico”. Es decir, se autorizó el 50% más de metros antes de completar el estudio de impacto. El segundo: el municipio abrió un Registro de Oposición para que los vecinos se manifestaran, y según el texto “no se recibió ningún tipo de manifestación en oposición”.

El caso ilustra un modelo. La identidad de Pinamar —y buena parte de su atractivo turístico— es el bosque: los árboles, la escala baja, la sombra sobre las avenidas. Los convenios urbanísticos le permiten a un desarrollador obtener más metros y más altura a cambio de una compensación; y, en los hechos, los árboles que definen a la ciudad terminan talados para dejar una torre a la vista. Es el negocio inmobiliario de corto plazo por encima de la ciudad turística de largo plazo. Y lo habilita el mismo municipio que ya dejó de construir obra con recursos propios: le entrega a los privados —varios llegados de afuera, del conurbano— la llave de lo que se construye en Pinamar.

Hoy, sobre Av. Bunge, el resultado está a la vista: el edificio ganó metros y altura, y los árboles de la vereda —que no eran del desarrollador, sino de todos— terminaron talados para que se vean los departamentos que vende. Un privado dispuso del espacio público en beneficio propio. Los vecinos reclaman por eso. La ordenanza explica el resto.